*De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.

La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.

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La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.

La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.

Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.

Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.

Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.

Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.

*Este grupo delincuencial estaría implicado en 250 vandalizaciones a cajeros automáticos y afectaciones económicas cercanas a los 1.200 millones de pesos.

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron judicializar a cinco presuntos integrantes de la organización delincuencial denominada Los Quintis, señalada de alterar cajeros automáticos y realizar el denominado “cambiazo” de tarjetas de débito y crédito para hurtar a usuarios del sistema financiero.

La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, descubrió que la organización habría operado entre 2023 y 2026. A sus integrantes se les atribuyen 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.

De acuerdo con la investigación, algunos integrantes manipulaban previamente los cajeros automáticos con sustancias adhesivas para generar aparentes fallas técnicas. Otros vigilaban el lugar, simulaban realizar transacciones para transmitir confianza, ofrecían ayuda a los usuarios, observaban sus claves y realizaban el cambiazo de las tarjetas. Posteriormente, otros miembros de la organización efectuaban retiros de dinero o compras con los productos financieros obtenidos mediante engaño.

Las actividades investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenciaron que la organización afectó de manera sistemática cajeros automáticos de diferentes entidades bancarias en Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país. Entre las víctimas fueron identificados adultos mayores, quienes eran previamente seleccionados para facilitar el engaño.

La investigación da cuenta de que la organización habría ocasionado pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos entre el dinero apropiado de las víctimas y los costos asumidos por las entidades bancarias para reparar los cajeros afectados. Por estos hechos fueron judicializados Miguel Ángel Paredes Daza, Laura Valentina Orozco Romero, Jonathan Yesid Rojas Castiblanco, Héctor Javier Bautista Vargas y Anderson Steve Sánchez Aguilar.

De acuerdo con su presunta participación individual, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicaciones agravada. A Anderson Steve Sánchez Aguilar también le fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, debido a que al momento de su captura le fueron incautadas una escopeta apta para disparar, munición calibre 16 y cartuchos para los que no contaba con autorización.

Los procesados ​​no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fueron afectados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía reconstruyó los movimientos realizados por el procesado el día de los hechos y sostuvo que el menor permaneció únicamente bajo su cuidado durante varias horas.

La Fiscalía General de la Nación acusó y llamó a juicio a Hugo Fernando Silva Soto por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Karen Cecilia López Avendaño, el homicidio de su hijo de 10 meses y el delito de alteración de elemento material probatorio, al considerar que habría simulado un accidente de tránsito para ocultar los hechos ocurridos en diciembre de 2025 en Bogotá.

La investigación se originó tras el hallazgo de un vehículo colisionado contra un árbol en inmediaciones del Jardín Botánico, en el barrio Bosque Popular, donde organismos de socorro encontraron sin vida a una mujer y a un bebé, mientras que un hombre permanecía inconsciente dentro del automóvil.

Sin embargo, las labores adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal permitieron establecer que las muertes no correspondían a un siniestro vial. Según los dictámenes forenses, la mujer presentaba una herida causada con arma cortopunzante en el cuello y el menor, lesiones compatibles con el denominado síndrome del niño zarandeado, las cuales habrían sido ocasionadas antes del supuesto accidente.

Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía reconstruyó los movimientos realizados por el procesado el día de los hechos y sostuvo que el menor permaneció únicamente bajo su cuidado durante varias horas.

El fiscal del caso señaló: “Estando únicamente con el bebé, el señor Hugo Fernando habría zarandeado a su hijo, ocasionándole trauma cervical por mecanismo de aceleración y desaceleración, y su posterior muerte. Cuando corría a las diez treinta de la noche del once de diciembre, Hugo Fernando regresó a la casa de Karen, con silla y pañalera en mano, pero sin el bebé. La madre de Karen y abuela del menor le preguntó por el niño, y este le respondió que el bebé estaba dormido y que lo había dejado en la casa de su papá”.

De acuerdo con la investigación, recogió a Karen Cecilia López para dirigirse a la vivienda de su padre con el propósito de recoger al menor. No obstante, para ese momento el niño ya habría fallecido.

Sobre lo ocurrido después, el fiscal explicó: “Se desplazó en el vehículo de placas MSR-348, acompañado de Karen Cecilia López Avendaño y del cuerpo sin vida de L. López Avendaño. Una vez en el sitio, Silva Soto permitió que Karen Cecilia López Avendaño condujera el vehículo con el propósito de enseñarle a parquear, mientras él se ubicaba en el asiento del copiloto, permaneciendo en el fondo de la vía cerrada por un lapso aproximado de dos horas y nueve minutos. Producto de la desesperación que representaba enfrentar a Karen sobre lo acontecido al pequeño, Hugo Fernando decidió hacer uso de ese tiempo para dar muerte a Karen, quien se encontraba totalmente desprevenida cuando hizo uso de un arma blanca para lacerar directamente su arteria carótida”.

La Fiscalía sostiene que, tras la muerte de la mujer, el procesado alteró la escena para hacer creer que ambos fallecimientos fueron consecuencia de un accidente de tránsito. Según el ente acusador, limpió el vehículo, hizo desaparecer algunos elementos que podrían comprometerlo, chocó el automóvil contra un árbol y acomodó el cuerpo de la víctima en el asiento del conductor para aparentar que ella manejaba el vehículo al momento del impacto.

Como parte de la sustentación de la acusación, el fiscal expuso varios elementos que, a su juicio, desvirtúan la hipótesis del accidente.

“El rodante era de propiedad de la novia de Hugo Fernando. La ciudadana Karen Cecilia López Avendaño no sabía conducir, tampoco tenía licencia para hacerlo, pero fue encontrada el día de su muerte en la silla del piloto del Volkswagen de placas MSR-348. La lesión en cuello de Karen Cecilia López Avendaño corresponde a una herida por elemento cortopunzante, siendo incompatible con una lesión producto de accidente de tránsito. La lesión que presentó el menor también es típica del síndrome del niño zarandeado, igualmente incompatible con una lesión producto de accidente de tránsito. Dentro del rodante se encontró un elemento cortopunzante. Desde las 15:30 del 11 de diciembre de 2025 hasta el hallazgo de los cuerpos, el menor permaneció exclusivamente bajo el cuidado de Hugo Fernando Silva Soto”, indicó.