*El joven, de 17 años, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Las evidencias y los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del homicidio del exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, permitieron documentar la presunta participación de un adolescente de 17 años en el ataque armado ocurrido el pasado 29 de septiembre.

El joven se habría traslado en una motocicleta como parrillero hasta el lugar de residencia del exmandatario, ubicado en zona rural de Yopal, y disparado en varias oportunidades contra la víctima.

Posteriormente, intentó escapar a bordo del vehículo, pero un accidente frustró la huida, así que fue retenido por la comunidad y entregado a unidades de la Policía Nacional. Entre tanto, el exalcalde fue llevado de urgencias a un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas recibidas. Preliminarmente, se tiene información de que el crimen, al parecer, fue ordenado por un privado de la libertad.

Las actividades de policía judicial se orientan a precisar esta y otras hipótesis que se manejan. Una fiscal de la Seccional Casanare presentó al adolescente ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los cargos fueron aceptados. De acuerdo con lo establecido en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el menor de edad deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.

*Los elementos materiales probatorios indican que el procesado habría aprovechado la cercanía que mantenía con la menor de edad, quien participaba en actividades parroquiales y grupos juveniles a su cargo.

La relación de confianza que un sacerdote construyó con una niña de 13 años, a partir de su labor como guía espiritual, habría sido el pretexto utilizado por el religioso para ejercer actos en contra de la formación e integridad sexual de la menor de edad, en hechos ocurridos en noviembre de 2025, en Buga (Valle del Cauca).

Andrés Felipe Restrepo Obando, quien ejerció funciones pastorales en una parroquia del municipio, al parecer, estableció una relación de cercanía con la víctima, que participaba en grupos y encuentros juveniles que estaban a su cargo. De acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, el sacerdote presuntamente se valió de la autoridad y posición que ostentaba para llevar a la niña a una habitación de la casa cural, y realizar actividades de tipo sexual.

Posteriormente, la menor de edad habló con sus familiares y les contó lo sucedido. La versión fue reiterada ante profesionales de la salud, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y funcionarios de policía judicial que asumieron las labores investigativas.

En es sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó al religioso el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado. Tras evaluar los argumentos de las partes, el juez de control de garantías que dirigió las audiencias impuso a Restrepo Obando medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.

*En la investigación fueron identificadas otras dos personas señaladas de retirar los recursos en cajeros automáticos de Valledupar, Bogotá y Cali, o utilizarlos para realizar compras.

Un empleado de un banco en Valledupar (Cesar) habría utilizado su acceso privilegiado a los sistemas de la institución para facilitar la suplantación de 19 clientes y el hurto de más de 870 millones de pesos entre el 18 de abril al 9 de agosto de 2024.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al trabajador y a otros dos hombres señalados de participar en el esquema. El funcionario, Claudio David Coronado Aragón, sería un insider, término usado para referirse a una persona que, por su vínculo laboral o contractual, tiene permisos para entrar y consultar las bases de datos de una organización y aprovecha esas facultades para auspiciar una conducta delictiva.

En este caso, al parecer, dispuso de sus credenciales y las de otros empleados para registrar falsas novedades biométricas de los usuarios financieros en los sistema de la entidad. En ese sentido, presuntamente alteró los datos de las víctimas, gestionó la reposición de sus tarjetas y otorgó avales para que fueran entregadas a personas distintas. Asimismo, estaría implicado en el cambio de las claves para permitir el desvío de dinero desde las cuentas afectadas hacia productos de terceros.

Los otros posibles implicados en las actividades ilícitas detectadas son Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez, quienes habrían recibido los recursos extraídos ilegalmente a los clientes, realizado retiros en cajeros automáticos de Valledupar, Bogotá y Cali, o compras en establecimientos de comercio.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos trasladó escrito de acusación en contra de los tres hombres por el delito de hurto por medios informáticos agravado, en los términos del procedimiento penal especial abreviado. Una juez de control de garantías de Becerril (Cesar) impuso a Coronado Aragón medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, Cornelio Oyola y Guzmán Jiménez deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.