*La investigación identificó un posible detrimento de 499 millones de pesos. Bogotá.

Un proyecto financiado con recursos de regalías para construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas de Ataco (Tolima) dejó al descubierto un presunto entramado de corrupción que direccionó dos contratos de obra y dos de interventoría por 21.550 millones de pesos. Las obras siguen sin terminar en este municipio, afectado durante décadas por la violencia e incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de la posible participación de funcionarios de la alcaldía municipal, un exmandatario local y contratistas. Entre las presuntas implicadas está Adriyojana Lugo Camacho, quien hasta hace un mes fue secretaria de Planeación e Infraestructura.

Esta persona habría elaborado los estudios previos de las dos interventorías para favorecer a un único proponente y participado en el comité evaluador que recomendó adjudicárselas por 1.061 millones de pesos. Adicionalmente, como supervisora, es señalada de permitir la ejecución de obras sin acompañamiento de la interventoría.

También avaló un acta de suspensión contractual en agosto de 2024, que aparecía firmada por el representante de la firma interventora, que nunca acudió a la reunión en la que se suscribió el documento. Las actuaciones irregulares detectadas terminaron por ocasionar un detrimento patrimonial de 499 millones de pesos, correspondiente a los recursos girados.

Lugo Camacho fue capturada luego de presentarse ante la Sijin de la Policía Nacional en Neiva (Huila), después de conocer de la existencia de una orden judicial en su contra. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

La procesada no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia, decisión que fue apelada por la Fiscalía. Este avance investigativo es resultados de la estrategia definida por el Grupo de Tareas Especiales conformado para identificar y judicializar a los presuntos responsables de la desviación y apropiación de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados para cubrir el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura en las regiones.

*El joven, de 16 años, fue contactado y entrenado en manejo de armas y técnicas de combate
en Cauca.

Un hombre señalado de participar en el reclutamiento de un adolescente de 16 años y coordinar su traslado entre estructuras de las disidencias de las Farc fue asegurado en centro carcelario por petición de la Fiscalía General de la Nación.

El joven, quien habría sido vinculado al grupo armado en Cauca, fue rescatado cuando era transportado hacia Meta.

El procedimiento se cumplió el pasado 31 de octubre en el sector La Paila, en Armenia (Quindío), durante la inspección a un bus de servicio público que cubría la ruta Santander de Quilichao (Cauca) – Villavicencio (Meta). En la verificación, el adolescente manifestó que no portaba documento de identificación, contó voluntariamente que fue vinculado a la organización criminal y señaló a Carlos Emilio Valencia Cuetia como el encargado de su desplazamiento.

De acuerdo con la investigación, esta persona habría organizado la logística del traslado y coordinado la entrega del menor de edad en el lugar de destino.

El adolescente fue reclutado en julio de 2026 por integrantes del frente Dagoberto Ramos, en Santander de Quilichao. Desde entonces, al parecer, recibió entrenamiento en técnicas de combate e instrucción en el manejo de armas.

En su momento, los familiares del joven denunciaron que fue llevado en medio de engaños y aportaron información que permitió poner en marcha varias actividades de policía judicial para ubicarlo. Luego de su rescate, quedó a disposición del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

Un fiscal de la Seccional Quindío imputó a Valencia Cuetia el delito de reclutamiento ilícito.

El procesado no aceptó el cargo y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El procesado haría parte del grupo delincuencial ‘Caicedo’ y estaría implicado en el cobro de extorsiones, distribución de estupefacientes y comercialización ilegal de predios.

Bailar en una fiesta con la compañera sentimental de un integrante del grupo delincuencial ‘Caicedo’ habría desencadenado agresiones y amenazas contra un hombre, quien fue obligado a abandonar su lugar de residencia junto con su pareja en Medellín (Antioquia).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Edison Pino Beitar estaría implicado en las intimidaciones y el desplazamiento forzado ocurridos entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024, en el barrio Cándamo, sector de Buenos Aires.

La víctima fue golpeada en varias ocasiones y le exigieron un millón de pesos, en retaliación por bailar con la novia de uno de los miembros de ‘Caicedo’.

Pino Beitar haría parte de la organización ilegal desde enero de 2024 y sería el encargado del cobro de extorsiones a comerciantes, de imponer multas a habitantes que incumplían las restricciones impuestas por la estructura y de la distribución de estupefacientes en las comunas 8 (Villahermosa), 9 (Buenos Aires) y 10 (La Candelaria).

Adicionalmente, se le atribuye la comercialización ilegal de lotes y de solicitar dinero por la conexión irregular de servicios públicos domiciliarios.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor, y desplazamiento forzado,
como coautor.

Pino Beitar no aceptó los cargos y un juez de control de garantías lo afectó con medida de aseguramiento en centro carcelario.