*El exfuncionario, al parecer, direccionó un contrato por 32 millones de dólares en favor de una empresa que no cumplía los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces viceministro, sin tener competencia funcional, habría direccionado el proceso contractual para el mantenimiento y suministro de repuestos de las aeronaves, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares.
Los elementos materiales probatorios indican que, presuntamente, ordenó adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requeridas.
Asimismo, habría intervenido en reuniones de estructuración para flexibilizar requisitos, mantenido comunicación directa con los contratistas y realizado gestiones ante la Aerocivil para agilizar un trámite indispensable para la ejecución del contrato. La investigación también estableció que conoció informes técnicos y jurídicos que advertían el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista y, al parecer, dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera. Posteriormente, la forma de pago fue modificada para autorizar un desembolso anticipado del 50% del valor del contrato.
En ese sentido, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, aunque únicamente se habían ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares. Tras la declaratoria de incumplimiento, permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados.
