El Gobierno Nacional ratifica su
compromiso irrestricto con la participación ciudadana y el derecho a la
protesta social, garantizando su ejercicio dentro de los principios de la expresión pacífica, democrática y respetuosa de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.
En ese sentido, tras los avances alcanzados el pasado 21 de marzo en la
reunión sostenida con la Mesa Social y Minera del Bajo Cauca, el Gobierno ha adelantado las consultas y gestiones necesarias para dar continuidad al proceso de diálogo orientado a la superación del conflicto en el territorio, conforme a los compromisos previamente acordados.
Como parte de estos avances, se logró acordar la puesta en marcha de
la ruta para la adjudicación de 7.200 hectáreas destinadas a la formalización de la pequeña minería, así como la habilitación de 2.800 hectáreas adicionales, que permitirán en el corto plazo formalizar cerca de 1.000 unidades de producción minera y beneficiar aproximadamente a 10.000 mineros y mineras de la región.
Asimismo, se priorizará la atención ágil de 128 procesos de formalización minera actualmente en trámite, y se reconoce el avance de más de 2.600 mineros formalizados durante este Gobierno, a través de 32 Unidades de Producción Minera, quienes accederán a los instrumentos de fomento dispuestos por el Estado.
No obstante, el Gobierno Nacional ha sido enfático en que no se
restablecerán espacios de diálogo mientras persistan bloqueos y
acciones de hecho violentas en la vía hacia Caucasia. La instalación de
una mesa de diálogo estará condicionada al cese total de todas las aciones de violencia y vandalismo, para garantizar los derechos de movilidad, seguridad y bienestar de la población en general.
De igual manera, reiteramos que las autoridades públicas deben actuar
dentro del marco de la ley. En consecuencia, no es posible ofrecer la
legalización de actividades de mediana y gran minería por fuera de los
procedimientos establecidos por la autoridad minera competente, ni
comprometer la suspensión de las funciones constitucionales de
seguridad y convivencia a cargo de la Fuerza Pública y las autoridades
judiciales
