*El caso tomó relevancia pública luego de que los títulos fueran utilizados para respaldar la aspiración de Guerrero a un cargo viceministerial. Posteriormente, la propia Fundación Universitaria San José anuló dichos diplomas tras concluir que no existía evidencia de actividad académica suficiente.
La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente la solicitud de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. Los delitos imputados son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un caso que involucra la acreditación de estudios que habrían sido utilizados para aspirar a un cargo en el Gobierno nacional.
De acuerdo con la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, la investigación determinó que los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, atribuidos a Guerrero, habrían sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley. Estos documentos fueron registrados en el sistema oficial de empleo público en agosto de 2025.
“Teniendo en cuenta, de acuerdo con la investigación, no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas a saber, por lo menos hasta la hora acreditado en la investigación. (…) Nosotros tenemos, pues lo que tiene que ver con la no expedición de la expedición del título, sino el lleno de registros en la universidad, a donde se hizo una inspección judicial para obtener los documentos que acreditara que efectivamente la persona, Juliana Guerrero, presentó, no reunía requisitos porque además de no asistir a la universidad”, dijo la fiscal.
Inspección judicial y hallazgos de la investigación
Según la Fiscalía, durante una inspección judicial realizada en la universidad se recopilaron registros académicos y administrativos que indicarían que Juliana Guerrero no habría asistido a clases ni presentado las evaluaciones necesarias para obtener los títulos. La entidad sostiene que, pese a ello, los diplomas fueron expedidos con fecha del 1 de julio de 2025.
La imputación también alcanza al secretario general de la institución, señalado como el funcionario responsable de la expedición de los títulos por delegación del Ministerio de Educación. La Fiscalía investiga si existió participación directa en la elaboración o validación de documentos que no cumplían los requisitos legales.
