Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acaban de hacer efectiva una orden de captura en contra del presunto responsable del crimen de una niña, de 9 años, que fue encontrada sin vida este martes 15 de septiembre en un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.

La menor de edad había sido reportada como desaparecida en Mosquera (Cundinamarca) el pasado 14 de septiembre. Actividades de policía judicial permitieron establecer que el hoy indiciado se habría llevado la niña de su vivienda tras una discusión que sostuvo con uno de los familiares de la víctima.

El procedimiento captura se realizó en Bogotá.

En las próximas horas el hombre será presentado ante un juez de control de garantías.

Preliminarmente, y a la espera de unos dictámenes y reportes, sería imputado por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de 14 años.

*Los bienes, ubicados en seis departamentos y Bogotá, están avaluados en más de 184.615 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación hizo una adición a las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio a un conglomerado empresarial que, con la fachada de la comercialización de ropa femenina, habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.

La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que en esta nueva fase afectó 45 inmuebles, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, realizan la ocupación de los bienes, con apoyo de unidades del Ejército Nacional.

Los activos están representados en 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).

*La solicitud estaba relacionada con un supuesto favorecimiento al oficial en el proceso penal militar que adelantaba el entonces funcionario judicial.

Por presuntamente exigir 40 millones de pesos a un capitán del Ejército Nacional, a cambio de favorecerlo en un proceso penal militar que estaba en su conocimiento, la Fiscalía General de la Nación imputó al exjuez penal militar Javier Ardila Arias por el delito de concusión.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el 7 de abril de 2025 Ardila Arias se habría reunido con el oficial en una cantina de Florencia (Caquetá) y, en ese lugar, presuntamente le solicitó el dinero para beneficiarlo judicialmente.

Tres días después, al parecer, se volvió a encontrar con el investigado para reiterar la petición.

La actuación en la que presuntamente pretendía ayudar al uniformado tuvo origen en una operación realizada por el Ejército Nacional el 11 de marzo de 2025, en zona rural de San José del Fragua (Caquetá), contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas.

Durante sobrevuelos con drones fueron observados varios hombres vestidos con prendas camufladas y portando fusiles.

Posteriormente, se determinó que eran militares que reportaron coordenadas diferentes al lugar en el que realmente se encontraban.

Por estos hechos, el capitán y dos suboficiales fueron procesados por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público. Las diligencias estaban a cargo de Ardila Arias, quien no impuso medida de aseguramiento contra los involucrados.

Ante la reiterada exigencia de dinero, la víctima denunció los hechos ante la Fiscalía.