En un hecho sin precedentes en Colombia, un expresidente fue formalmente acusado por parte de la Fiscalía ante un juez. El fiscal Gilberto Iván Villarreal acusó a Álvaro Uribe de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
Tras dos días de audiencia, teniendo en cuenta que comenzó el pasado viernes 17 de mayo y acabó este 24 del mismo mes, el fiscal leyó el escrito de acusación a Uribe.
Como ya se había anunciado la semana pasada, a los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se sumó el delito de soborno.
El escrito de acusación fue escuchado por el expresidente, después de que la juez 44 Penal de Bogotá negara la solicitud de nulidad que había interpuesto el abogado defensor Jaime Granados, quien había expresado que no se había hecho una imputación clara y aún el expresidente no sabía de qué hechos los estaban acusando.
Incluso, Uribe tuvo la oportunidad de hablar previo a la decisión de la juez, manifestando que «si la indagatoria es equivalente a la imputación, no cumplió las exigencias legales sobre la imputación, porque no fue clara, no fue concisa, no me dijo ‘señor Uribe usted incurrió en estos hechos y por eso lo imputamos'».
Pero la juez consideró «impertinente e improcedente» la petición de nulidad, por lo que rechazó el recurso, generando molestia en la defensa, que avisó que pondría una queja por esta decisión.
Tras esto, la operadora de justicia acreditó como víctimas a Iván Cepeda Castro, al exfiscal general Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y a Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, el testigo más importante del caso hasta ahora.
El caso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, quien preparaba una denuncia en el Congreso en contra del expresidente por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra de Cepeda, lo que hizo fue iniciar un proceso al exmandatario por presunta manipulación de testigos por el supuesto pago de coimas a varios presos para que hablaran a su favor, entre ellos Juan Guillermo Monsalve.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su puesto de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.
Sin embargo, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril afirmó que a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios determinó que había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.
