La Fiscalía General de la Nación abrió investigación preliminar a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Carlos Ramón González, director del Departamento Nacional de Inteligencia; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La investigación se produce luego de que se revelaran nuevos chats sobre la presunta participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que fueron revelados el pasado miércoles por Noticias Caracol.
En las conversaciones, protagonizadas por el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, se muestra cómo, supuestamente, Bonilla coordinaba la entrega de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron en febrero la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal) y otros congresistas a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.
Según el informe de Noticias Caracol, todo comenzó el 11 de diciembre pasado cuando Bonilla firmó una resolución con la que el Ministerio de Hacienda desembolsó 700.000 millones de pesos (unos 175 millones de dólares) a la UNGRD.
Luego esta Unidad iba a firmar tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para obras en los municipios caribeños de Cotorra y Carmen de Bolívar, y en Saravena, localidad fronteriza con Venezuela.
En una de las conversaciones, el ministro le manifestó a Pinilla que estaba «preocupado» por el destino de los recursos de los «proyectos viabilizados».
Luego, el exsubdirector de la UNGRD se contactó con María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, que le pidió al exfuncionario de la Unidad avisar a los intermediarios que los contratos se iban a mover a través de esa entidad.
Para ello, las alcaldías de los municipios mencionados tenían que declarar falsas calamidades con las que se buscaba justificar los contratos, que finalmente no se firmaron porque cuando estaban a punto de hacerlo estalló el escándalo de los carrotanques, que derivó en la renuncia de Pinilla y del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en febrero.
Justamente, López aseguró en una declaración que dio el mes pasado a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, revelada el martes por Noticias Caracol, que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está involucrada en el escándalo de corrupción de esa entidad y, al igual que Pinilla, salpicó a Bonilla.
«Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (…) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte».
«El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración (…) es el ELN y su gran influencia en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela)», añadió López.
