La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, reactivó las órdenes de captura contra tres exmiembros representantes del grupo armado ilegal conocido como ‘Clan del Golfo’, quienes habían sido beneficiarios de la suspensión de dichas actuaciones en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos.

La medida fue adoptada después de que, mediante la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización. En ese sentido, se reactivan las órdenes de captura en contra de OroIzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo.

La resolución precisa, además, que respecto a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que nunca fueron suspendidas. La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial para su implementación, conforme a sus funciones.

*Alias Víctor Chalá habría ordenado acciones contra Mateo Pérez Rueda luego de señalarlo de colaborar con la fuerza pública.

El periodista independiente Mateo Pérez Rueda fue interceptado por hombres armados mientras se movilizaba hacia la vereda Palmichal, en zona rural de Briceño (Antioquia).

Posteriormente, trasladado hasta una escuela del sector y asesinado, en hechos ocurridos el pasado 5 de mayo de 2026.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación judicializó a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado cabecilla del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del comunicador.

La víctima se movilizaba en motocicleta para realizar labores relacionadas con su trabajo cuando fue interceptada por un grupo armado y llevada el centro educativo de un caserío del sector.

Alias Víctor Chalá habría llegado al lugar, intimidado al periodista para que explicara su presencia en la zona y las actividades que desarrollaba, y arrebatado el teléfono celular para revisar las conversaciones recientes. Al encontrar un chat con un integrante del Ejército Nacional, al parecer, lo señaló de colaborar con la fuerza pública.

Las evidencias indican que Chalá Torrejano presuntamente disparó contra Pérez Rueda para obligarlo a entregar información y, ante su negativa, ordenó a los integrantes de su estructura cavar un hueco y causarle la muerte. Dos días después, una comisión humanitaria recuperó el cuerpo. Los documentos personales y el teléfono celular del periodista no fueron encontrados.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a alias Víctor Chalá los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todas estas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

*Los activos afectados están ubicados en Bogotá y Pensilvania (Caldas). 

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte de patrimonio de Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar, y estarían vinculados a la investigación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014.

La actuación con fines de extinción del derecho de dominio se deriva del trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales, que recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta del aporte que la multinacional brasileña habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.

Odebrecht, al parecer, asumió el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña. Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

Los dineros comprometidos presuntamente fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para entonces, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos.

Las medidas cautelares decretadas recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda, bienes ubicados en Bogotá; y un inmueble en Pensilvania (Caldas). Algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga Escobar, pero en junio de 2023 fueron transferidos mediante donación a integrantes de su círculo familiar. La afectación busca evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio.