En una comunicación enviada con carácter de urgente al director de la Fiscalía Seccional Atlántico, William Orlando Jaiquel, el presidente de la organización de acción comunal Chiquinquirá Suroccidente de la ciudad de Barranquilla, Aurelio José Castilla Gregory, exige que se impida el traslado a Bogotá de la investigación que se adelanta contra Omar Fredy Prias Caicedo, Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por presuntos sobrecostos en el valor de la energía en la región Caribe colombiana.
En su misiva, el dirigente vecinal precisa que «tenemos conocimiento de un intento por QUITARLE ESTE CASO A LA SECCIONAL ATLÁNTICO Y LLEVARSE ESTA INVESTIGACIÓN A BOGOTÁ, donde seguramente será archivada en un frío despacho lejano a los hechos, perdida como cualquier otra, siendo que se trata de un asunto de impacto e interés principalmente en nuestra región. Por tal motivo, solicitamos su intervención INMEDIATA para asegurarse de que la investigación que adelanta la F. 60 de Barranquilla contra la CREG por la falta de regulación de la tarifa de energía, que ha causado tantos daños a nuestra comunidad, esté libre de presiones y no se vea interrumpida por
decisiones administrativas que afectan a la población necesitada de justicia».
De igual modo, Castilla Gregory exige «una respuesta clara, contundente y oportuna sobre el estado de la investigación y si es cierto o no se planea remitir este caso a Bogotá y, de ser cierto, cuáles son los fundamentos
de esa decisión, si se sabe que la omisión ha traído como resultado un impacto que se ha materializado principalmente en la Costa Caribe, y aquí se encuentra adelantándose una investigación con órdenes de trabajo en curso que se puede afectar con un cambio de fiscalía».
Antecedentes del caso
Desde marzo de 2024, se presentó una denuncia por prevaricato por omisión contra Omar Fredy Prias Caicedo, Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Prias Caicedo ha faltado a sus funciones contenidas en las Leyes 142 y 143 de 1994.
Estas omisiones, según explica Aurelio Castilla Gregory, han contribuido a los altos precios de la energía en la Costa Caribe, afectando principalmente a los usuarios, en particular a los de estratos 1, 2 y 3.
«El proceso se ha estado llevando a cabo en la Fiscalía 60 Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Barranquilla. Hemos visto cómo los funcionarios de esta fiscalía han trabajado con gran dedicación y seriedad, logrando avances importantes en la investigación. Esto nos da esperanza de que se haga justicia y se encuentren soluciones para los altos precios de la energía que tanto nos afectan», subraya el dirigente cívico.
Es enfático al señalar que «sin embargo, nos hemos enterado de que desde Bogotá, la Unidad Nacional de Anticorrupción de la Fiscalía quiere llevarse el proceso para allá. Esta noticia nos preocupa enormemente porque creemos que hay oscuras intenciones detrás de este traslado. Nos tememos que los cachacos quieran engavetar el proceso y evitar que la investigación avance, ocultando los hallazgos importantes que ya se han descubierto aquí en Barranquilla».
En el comunicado enviado al director seccional de Fiscalía Atlántico, Aurelio José Castilla Gregory precisa que
«es muy importante para nosotros que el proceso se mantenga en Barranquilla por varias
razones:
1. La Fiscalía en Barranquilla ha hecho un trabajo diligente y comprometido, logrando
avances importantes en la investigación. Cambiar de sede ahora podría detener todo
este progreso.
2. Los altos precios de la energía afectan gravemente a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en
la Costa Caribe. Es crucial que el proceso se mantenga cerca de los afectados para
garantizar que sus intereses sean protegidos.
3. Tememos que en Bogotá el caso sea engavetado y que no se haga justicia.
Creemos que hay oscuras intenciones de ocultar lo que ya se ha descubierto aquí.
4. Confiamos en los funcionarios de la Fiscalía en Barranquilla, quienes han demostrado su
compromiso y capacidad para manejar este caso de manera justa y transparente».
