Columna de opinión
Por: Kelia Álvarez López, Abogada
Camila tiene 19 años y hace su etapa práctica de cocina en un restaurante. Trabaja como cualquiera del equipo, pero a fin de mes le consignan una «ayuda» que no llega al salario mínimo y no recibe pago de prima de servicios. Tiene firmado un contrato de aprendizaje.
La Ley 2466 de 2025, en su artículo 21, reescribió el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo: el de aprendizaje es un contrato laboral especial, a término fijo y de máximo tres años. No es un favor; es un contrato de trabajo con reglas propias.
En clases (fase lectiva) el aprendiz recibe un apoyo de sostenimiento del 75 % del salario mínimo, y en la empresa (fase práctica), el 100 %. En la formación dual, 75 % el primer año y 100 % el segundo; al universitario, nunca menos de un mínimo.
Y aquí está el punto. En la fase práctica tiene todas las prestaciones, auxilios y demás derechos del contrato de trabajo, con afiliación a salud, pensión y riesgos laborales; en la lectiva, la empresa le paga salud y riesgos laborales. El Decreto 223 de 2026 precisó que para liquidar prestaciones solo cuenta la fase práctica, o toda la formación dual, y que se cotiza sobre un salario mínimo.
Esa práctica certificada vale como experiencia laboral. Y si la empresa termina el contrato sin justa causa, el decreto remite al artículo 64 del mismo código, el de la indemnización. Guarde el contrato, los comprobantes de pago y la certificación; si algo no cuadra, reclame por escrito o acuda al inspector de trabajo. Esta columna ofrece información general y no reemplaza la asesoría jurídica sobre un caso concreto.
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