La Defensoría confirmó que sigue aumentando el listado de familias desplazadas a causa de la escalada violenta que este jueves completa la primera semana.
Este jueves 23 de enero se cumple una semana desde el inicio de la escalada terrorista protagonizada por el ELN y las disidencias de las antiguas Farc en la región del Catatumbo. Hasta el momento, estos actos violentos han dejado un trágico saldo de 80 personas asesinadas y más de 36.139 desplazados.
Las familias de las zonas rurales se han visto obligadas a abandonar sus hogares, buscando refugio en municipios cercanos y en la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, la grave situación ha desbordado la capacidad de respuesta de las administraciones locales, que enfrentan grandes dificultades para atender a la creciente población afectada.
“En todos los municipios afectados se han presentado riesgos de confinamiento. Sin embargo, algunas personas han sido rescatadas y otras han salido en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales. Muchas personas, entre ellas firmantes de paz y líderes e inclusive niños y niñas, enfrentan un riesgo especial de ser secuestradas o asesinadas”, informó la Defensoría.
Los grupos armados ilegales que mantienen en jaque a esta región del país han desplegado diversas formas de vulneración de los derechos de la población civil. Una de las situaciones más alarmantes para las autoridades es la instalación de minas antipersonal en las entradas de las viviendas familiares, una estrategia destinada a impedir su desplazamiento y utilizarlos como escudos humanos.
“Es necesario garantizar la seguridad, caracterización de víctimas, atención en albergues, y protección a líderes y lideresas, así como a alcaldes, alcaldesas, personeros y personeras del Catatumbo. Se enfatiza el llamado a la acción inmediata para estabilizar la crisis y avanzar en soluciones duraderas que beneficien a las comunidades afectadas”, añadió la Defensoría.
