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En medio del escándalo por supuestas chuzadas, se confirma salida del cargo del director de Contrainteligencia de la DNI

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El coronel (r) Edwin Chavarro, salió del cargo como director de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), confirmó este jueves el director de ese departamento, Carlos Ramón González.

“Hubo un señalamiento concreto sobre él por parte de algunos altos magistrados de las cortes y cuando el presidente me nombra director de la DNI, me pidió también que quitara cualquier sospecha al respecto y por eso él salió, ese fue uno de los cambios que ordené”, dijo a la W Radio, el funcionario.

El director prefirió no ahondar en el caso y concluyó asegurando que, para pedirle la renuncia, primero se llevó a cabo una investigación interna basada en las denuncias que sobre sus actuaciones habían recibido.

Relacionado o no, lo cierto es que este movimiento al interior de la DNI, se conoce justo cuando está en auge el escándalo por las supuestas interceptaciones ilegales que ese organismo estaría haciendo a magistrados de las Altas Cortes y de la Jurisdicción Especial para la Paz. Una vieja y temerosa práctica empleada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Por la cual varios exfuncionarios fueron condenados.

En cuanto el reciente caso, fue el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, el primero en advertir que él, su esposa y cuatro magistrados auxiliares, estarían siendo víctimas de escuchas ilegales.

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos (…) he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, aseguró el magistrado Ibáñez en una carta enviada al presidente de la Corte, que después fue puesta en conocimiento de la Fiscalía.

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