La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia hace dos semanas ascendió este lunes a 331, según un nuevo informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que da cuenta además de 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas.

El sismo, ocurrido el pasado 10 de agosto con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectó a 494 municipios de 16 departamentos, donde hay 361.353 damnificados.

La emergencia deja además 178.555 viviendas averiadas y 31.540 destruidas, mientras que 5.884 edificios sufrieron daños y otros 603 colapsaron.

Entre las infraestructuras afectadas figuran 378 centros de salud, 3.731 centros educativos, 4.170 centros comunitarios, 441 vías, cinco aeropuertos, 118 acueductos, 73 puentes vehiculares y 16 puentes peatonales.

El Gobierno colombiano comenzó este lunes la fase de reconstrucción de las zonas afectadas, durante una visita del presidente Abelardo De La Espriella a Quibdó, capital del Chocó y uno de las regiones más golpeadas por el terremoto.

«Hoy empieza la reconstrucción de la patria desde Quibdó», dijo el mandatario, quien presentó las primeras medidas para esta nueva etapa de atención de la emergencia.

Como parte de este proceso, el Ejecutivo anunció la entrega inicial de 4.480 toneladas de materiales para reparar viviendas y puso en marcha una estrategia de reparación y reconstrucción asistidas, en la que los ciudadanos ponen la mano de obra con acompañamiento de ingenieros y otros profesionales.

Además, el conglomerado empresarial Grupo Argos amplió de 300 a 1.000 el número de viviendas de rápida construcción que se comprometió a entregar, de las cuales hasta 600 podrán ser destinadas al Chocó.

Las familias cuyas viviendas tengan daños menores recibirán materiales para repararlas, mientras que aquellas cuyas casas no puedan ser recuperadas recibirán una nueva.

A partir del 26 de agosto, los hogares cuyas viviendas hayan quedado destruidas o inhabitables comenzarán a recibir una ayuda mensual de 875.452 pesos (unos 285 dólares) durante tres meses, para un total de 2,6 millones de pesos (unos 855 dólares) por hogar.

Desde el consejo de seguridad extraordinario en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos coordinados con Migración y la Policía, esta misma semana, para identificar a los migrantes en situación irregular en Colombia con el fin de comenzar procesos de deportación.

La instrucción, según el presidente, es que se priorice la identificación de los extranjeros que, presuntamente, estén cometiendo delitos. Luego quienes no tengan regularizada su situación. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías. En Colombia se van y los deportamos”, dijo el presidente.

Sostuvo que es una posición que ha tenido en campaña y que es tanto una decisión política como administrativa. “Yo lo asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, añadió.

Lo que ha dicho Abelardo en campaña sobre la migración irregular. “Quien emigre a Colombia respetando la ley será protegido y tendrá todas las garantías. Quien viole la ley migratoria será devuelto a su país sin consideración alguna”, dijo en junio de este año en una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, en línea con sus declaraciones de este fin de semana en Barranquilla.

El periodista le había preguntado por la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, que son alrededor de 2,8 millones.

Según Migración Colombia, con datos a corte de enero de este año, por lo menos el 82% de los migrantes venezolanos en el país se encuentran en condición migratoria regular.

Alrededor de 500 mil personas están en situación irregular, principalmente personas con el Permiso de Protección Temporal (PPT) y que no han entrado al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Etpv), creado en el gobierno Duque.

La migración es una característica de nuestro tiempo, reflexionan expertos. Como escribe en este análisis el profesor Daniel Arias Rivera —investigador, magíster en Seguridad y Defensa y columnista de la Red de Expertos de La Silla—, hay que “aceptar que la migración se gestiona y no se detiene”, fortalecer la regulación migratoria e invertir en “integración antes que exclusión”.

Sostiene que el debate público ha tendido a asociar la migración y la criminalidad “como si se trata de fenómenos inseparables” y que cuando toda la política migratoria se diseña desde una lógica securitaria, se corre el riesgo de “convertir a cada migrante en un sospechoso potencial”.

“La experiencia internacional demuestra que perseguir organizaciones criminales y proteger derechos humanos no son objetivos incompatibles. El verdadero reto consiste precisamente en lograr ambas cosas al mismo tiempo”, escribió en junio de este año.

*Los uniformados, dos en estado grave, fueron atendidos en el Norte antioqueño y luego trasladados por las autoridades de la región.

Se agrava la situación de orden público en el Norte antioqueño luego de que las autoridades confirmaran que cuatro militares resultaron heridos luego de caer en un campo minado en zona rural del municipio de Briceño.

La situación se reportó en la vereda El Roblal y, según las primeras hipótesis, los artefactos explosivos habrían sido instalados por el Clan del Golfo, en búsqueda de atacar a la Fuerza Pública, como terminó sucediendo.

Las autoridades a nivel departamental confirmaron que los cuatro heridos fueron atendidos en el lugar y posteriormente fueron trasladados; no obstante, dos de los uniformados del Ejército Nacional habrían quedado en grave estado de salud.

A la espera del pronóstico de los militares y de que se determine con exactitud quién está detrás del ataque terrorista, hay que mencionar que el Norte antioqueño atraviesa por un momento complicado tras el desplazamiento de cerca de 100 familias en el vecino municipio de Ituango.

De momento, se busca determinar si ambos hechos tienen relación, ya que versiones preliminares han indicado que el desplazamiento masivo habría sido provocado por intimidaciones del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.