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Detectan caso de hurto de energía en motel en Sabanalarga, Atlántico 

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En desarrollo de las acciones de control adelantadas en coordinación con las autoridades, la empresa Air-e Intervenida detectó nuevos casos de hurto de energía en los departamentos de Atlántico y Magdalena, mediante conexiones ilegales y manipulación de las redes eléctricas.

Uno de los casos más relevantes fue identificado en un motel ubicado en la carrera 24 con calle 36, barrio Evaristo Sourdis, en el municipio de Sabanalarga, donde los técnicos de la compañía evidenciaron una conexión ilegal destinada a evadir el registro real del consumo de energía. El establecimiento, además, presenta una millonaria deuda por concepto del servicio eléctrico.

Durante los operativos también se detectó una acometida intervenida en una cabaña ubicada en zona rural del municipio de Polonuevo, cerca del corregimiento de Pital de Carlín.

En el departamento del Magdalena, las inspecciones permitieron establecer la manipulación de las redes eléctricas en un restaurante localizado en la carrera 14A con calle 15, en el barrio Cundí de Santa Marta.

De igual forma, en el municipio de Ciénaga fue detectada una intervención irregular de las redes en un centro odontológico, ubicado en la calle 8 con carrera 10B, barrio Central.

Otro caso se registró en el barrio El Carmen del municipio de Plato, donde una vivienda de dos niveles contaba con líneas directas conectadas por fuera del sistema de medición para evitar el registro del consumo de energía.

Air-e Intervenida reiteró que el hurto de energía está contemplado en el Código Penal colombiano como Defraudación de fluidos, y recordó que quienes incurran en estas prácticas pueden enfrentar procesos penales, además de sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del cobro de la energía dejada de facturar y demás acciones a que haya lugar.

La compañía hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar el servicio de manera legal y denunciar cualquier irregularidad que afecte la prestación del servicio de energía y la seguridad de las comunidades.

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