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Denuncian ante Fiscalía y órganos de control las candidaturas de Javier López y Cristóbal Muentes

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Ante la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE), fue instaurada una denuncia contra los candidatos a curul de paz Javier Eduardo López Díaz y Cristóbal de Jesús Muentes Pastrana por posible fraude al sufragante, entre otras supuestas irregularidades.

La denuncia fue impetrada por Rafael Antonio Villarreal Contreras y se fundamenta, según reza en el documento, en los siguientes hechos:

«Los señores CRISTÓBAL MUENTES y JAVIER LÓPEZ fueron inscritos como candidatos independientes por organizaciones sociales distintas en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, CITREP, del Bajo Cauca. A pocos días de la jornada electoral del 8 de marzo, y cuando ya se encuentra cerrado el calendario electoral para renuncias con sustitución o modificación del tarjetón, los candidatos anunciaron públicamente una “unión política”. En dicha manifestación, el señor Muentes declina materialmente su aspiración y promueve activamente el voto por el señor López. Sin embargo: No existe renuncia formal con efectos jurídicos, la candidatura continúa apareciendo en el tarjetón, no existe figura legal de coalición en CITREP y no existe mecanismo de acumulación de votos».

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Régimen constitucional especial y restrictivo de las CITREP
Las CITREP tienen naturaleza excepcional.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-089 de 2022, sostuvo:
“Estas curules tienen un diseño constitucional restringido que busca garantizar
representación directa y auténtica de víctimas, evitando su instrumentalización
política.”
En este régimen:
• No operan partidos tradicionales.
• No existen coaliciones formales.
• No está prevista la figura de adhesión posterior a la inscripción.
Por tanto, la candidatura es orgánica y vinculada estrictamente a la organización
que la avala.

2. Desnaturalización de la inscripción
El candidato en CITREP no representa un proyecto personal sino una organización
territorial.
Cuando un candidato:
• Permanece inscrito,
• Mantiene su nombre en el tarjetón,
• Pero traslada públicamente su respaldo a otra organización,
Se vacía materialmente la inscripción.
Esto vulnera:
• El principio de autenticidad del voto.
• El principio de buena fe (art. 83 CP).
• El derecho del elector a votar por una opción real y vigente.
Se configura una utilización instrumental de la inscripción con fines distintos a los
autorizados por el diseño constitucional.

3. Afectación del principio de igualdad electoral

El anuncio de “unión” produce:
• Ventaja indebida.
• Concentración estratégica de votos.
• Alteración del equilibrio competitivo.
Dado que otros candidatos no pueden modificar sus estrategias por estar cerrado
el calendario, se rompe la equidad electoral.

4. Posible fraude al sufragante

El artículo 388 del Código Penal establece:
“El que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano vote por
determinado candidato…”
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que basta la inducción a error
relevante.
Si se hace creer al elector que:
• Existe candidatura unificada,
• O que el voto tendrá efecto acumulativo,
Podría configurarse maniobra engañosa, especialmente en territorios con alta
vulnerabilidad informativa.

5. Improcedencia de aplicar figura de “adhesión” fuera del calendario electoral

Una vez vencido el término para renuncia con sustitución:
• La candidatura queda en firme.
• El tarjetón es definitivo.
• No puede transformarse en apoyo estratégico informal.
La actuación denunciada evade los efectos de la preclusión electoral.

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE

Con fundamento en la protección del orden constitucional electoral y el principio de prevención del daño, en la denuncia se solicita al CNE:
1. Suspensión provisional preventiva de ambas inscripciones mientras se adelanta investigación administrativa, para evitar:
• Confusión del electorado el 8 de marzo.
• Posible consolidación de fraude electoral.
• Afectación irreversible del resultado.
2. Orden de cesación inmediata de publicidad
Que se ordene suspender toda difusión de la denominada “unión política”.

SOLICITUDES A LA FISCALÍA
• Apertura de noticia criminal por posible fraude al sufragante.
• Recolección urgente de material probatorio antes de la jornada electoral.

SOLICITUDES A LA PROCURADURÍA
• Vigilancia preventiva del proceso.
• Seguimiento a autoridades territoriales para evitar uso indebido de recursos.

PRUEBAS

En la denuncia, el denunciante anexa:

• Videos de la declaración pública.
• Publicaciones en redes sociales.
• Resoluciones de inscripción que se solicite a la registraduría nacional.

PRETENSIONES

1. AL CNE: Decretar la MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA consistente en la revocatoria de la inscripción del señor JAVIER LÓPEZ por beneficiarse de actos de doble militancia y fraude electoral.

2. A LA FISCALÍA: Iniciar la investigación penal por los delitos de Fraude al Sufragante (Art. 388 CP) y Elección Ilícita de Candidatos (Art. 389A CP).

3. A LA PROCURADURÍA: Vigilar el actuar de los entes territoriales y asegurar que no se utilicen recursos públicos para promocionar esta alianza ilegal.

4. A LA MOE: Incluir esta situación en el reporte de irregularidades de la Circunscripción Especial para alertar a los observadores internacionales el día de los comicios.

CONCLUSIÓN

En la denuncia, el denunciante considera que la conducta denunciada no es una simple manifestación política.
En el contexto de una circunscripción especial creada para la implementación del Acuerdo de Paz, puede constituir:
• Desnaturalización del régimen constitucional.
• Alteración de la voluntad del elector.
• Afectación grave a la transparencia electoral.
Dado que la jornada se celebrará el 8 de marzo, la intervención debe ser inmediata.

Esta es la transcripción de los hechos y apartes más importantes de la denuncia instaurada contra las candidaturas a curul de paz de Javier López y Cristóbal Muentes.

Nota de la Redacción: En nuestra redacción se encuentra el documento oficial de la denuncia que trata esta noticia.

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Fiscalía llama a juicio a Blessd, Dímelo Jara y otras dos personas por presunto constreñimiento

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*La audiencia se realizará el próximo 9 de febrero.

La Fiscalía radicó escrito de acusación contra el cantante de música urbana Blessd, Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, Laura Moreno y Julián Giraldo, dentro de una investigación que inicialmente estuvo relacionada con un presunto secuestro extorsivo ocurrido en Medellín. Con la acusación, el proceso avanza hacia la etapa de juicio por los hechos denunciados por Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido artísticamente como ‘Yo me llamo Ozuna’.

De acuerdo con el escrito de acusación, los delitos señalados dentro del proceso incluyen acceso abusivo a un sistema informático; intimidación o amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, arma de fuego hechiza y arma blanca, además de constreñimiento ilegal. Sin embargo, la situación jurídica no es igual para los cuatro acusados. A Blessd se le acusa únicamente por el delito de constreñimiento, mientras que a Santiago Jaramillo, ‘Dímelo Jara’, se le atribuyen los tres delitos señalados en el proceso.

La investigación se originó en la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, quien aseguró haber sido retenido contra su voluntad durante una reunión realizada en la disquera de Blessd. Según su relato, había asistido al encuentro como representante de un artista imitador del cantante y durante la reunión integrantes del equipo de Blessd le habrían exigido firmar un contrato para comprometerse a no realizar nuevas presentaciones en las que imitara al artista.

En el escrito de acusación, la Fiscalía describe las conductas que, según su hipótesis, habrían sido utilizadas para presionar a Sánchez y lograr que cumpliera las exigencias planteadas durante la reunión.

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Imputan al general (r) Mario Montoya y otros 9 generales por 2.077 víctimas de «falsos positivos»

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Imputan al general (r) Mario Montoya y otros 9 generales por 2.077 víctimas de «falsos positivos»
La JEP pudo esclarecer judicialmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, 2.702 personas fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate.

La Jurisdicción Especial para la Paz identificó a diez generales retirados del Ejército como máximos responsables por su contribución, desde los más altos niveles de mando militar, a la expansión nacional de los llamados ‘falsos positivos’ entre 2005 y 2008. Entre los militares se encuentra el general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

En el caso del general (r) Montoya, la investigación encontró bases suficientes para considerarlo máximo responsable por su contribución a la consolidación e institucionalización de una política de facto de conteo de cuerpos que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional.

Según encontró la JEP en esta etapa procesal, entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, el entonces general Mario Montoya Uribe ejerció sucesivamente como comandante de la Primera División, del Comando Conjunto Caribe No. 1 (CCON1) y del Ejército Nacional. Durante ese período, contribuyó a la consolidación de una política de facto orientada a privilegiar las bajas en combate como principal indicador de éxito militar.

La Sala de Reconocimiento de Verdad documentó que Montoya Uribe promovió mecanismos de presión, seguimiento y competencia entre unidades, mediante programas radiales, metas cuantitativas, clasificaciones o “rankings” y sistemas de incentivos que privilegiaban el reporte de muertos en combate sobre otros resultados operacionales.

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Alias Primo Gay estuvo a punto de quedar en libertad por los «improperios» que le lanzó De La Espriella

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*Luego de la legalización de la captura de alias ‘Primo Gay’, causó revuelo la decisión que tomó un juez de compulsar copias para que se examine las supuestas, “expresiones totalmente despectivas” que usó el presidente Abelardo De La Espriella contra ese sujeto y otros que han sido capturados.

Luego de la legalización de la captura de alias ‘Primo Gay’, causó revuelo la decisión que tomó un juez de compulsar copias para que se examine las supuestas “expresiones totalmente despectivas” que usó el presidente Abelardo De La Espriella cuando confrontó al delincuente. Hay que recordar que en el video publicado por el mandatario se ve diciéndole al cabecilla del Clan del Golfo expresiones como: «porquería, asesino, despreciable, basura o miserable», palabras que, según el juez, afectaron la dignidad humana del capturado.

Sin embargo, hay otras declaraciones del presidente, que fueron divulgadas por el Ministerio de Defensa, y que también habrían entrado en consideración de las pesquisas que se le pidió realizar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

«Semejante asesino. ¿Cómo estás? Asustado, ¿verdad? Oye lo que te digo, te voy a mandar para Estados Unidos para que te pudras en una cárcel en los Estados Unidos. Y a tu mamá, que es una delincuente, y a tus hermanas las voy a hacer sacar de la domiciliaria que compraron y las voy a llevar también a una cárcel», indicó el presidente.

El video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que ahora tiene en problemas al mandatario, habría sido el detonante para que alias ‘Primo Gay’ por poco quedara en libertad según se ha podido conocer desde la capital de Antioquia.

El abogado penalista, Santiago Trespalacios, dio a conocer algunos de los puntos por lo que considera, desde su profesión, que lo que ha hecho el mandatario en varios momentos podría afectar el proceso con las personas capturadas y llevadas ante el presidente.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), establecido en los Convenios de Ginebra, protege a las personas capturadas, rendidas o que han quedado fuera de combate. Esa protección incluye el respeto a su dignidad humana y prohíbe los tratos humillantes, degradantes y los ultrajes personales.

Por tanto, las autoridades militares, policiales y demás agentes del Estado no pueden maltratar, humillar ni someter a tratos degradantes a una persona que se encuentra bajo su poder, aunque sea integrante de un grupo armado ilegal o haya cometido delitos.

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