Desde el consejo de seguridad extraordinario en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos coordinados con Migración y la Policía, esta misma semana, para identificar a los migrantes en situación irregular en Colombia con el fin de comenzar procesos de deportación.
La instrucción, según el presidente, es que se priorice la identificación de los extranjeros que, presuntamente, estén cometiendo delitos. Luego quienes no tengan regularizada su situación. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías. En Colombia se van y los deportamos”, dijo el presidente.
Sostuvo que es una posición que ha tenido en campaña y que es tanto una decisión política como administrativa. “Yo lo asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, añadió.
Lo que ha dicho Abelardo en campaña sobre la migración irregular. “Quien emigre a Colombia respetando la ley será protegido y tendrá todas las garantías. Quien viole la ley migratoria será devuelto a su país sin consideración alguna”, dijo en junio de este año en una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, en línea con sus declaraciones de este fin de semana en Barranquilla.
El periodista le había preguntado por la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, que son alrededor de 2,8 millones.
Según Migración Colombia, con datos a corte de enero de este año, por lo menos el 82% de los migrantes venezolanos en el país se encuentran en condición migratoria regular.
Alrededor de 500 mil personas están en situación irregular, principalmente personas con el Permiso de Protección Temporal (PPT) y que no han entrado al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Etpv), creado en el gobierno Duque.
La migración es una característica de nuestro tiempo, reflexionan expertos. Como escribe en este análisis el profesor Daniel Arias Rivera —investigador, magíster en Seguridad y Defensa y columnista de la Red de Expertos de La Silla—, hay que “aceptar que la migración se gestiona y no se detiene”, fortalecer la regulación migratoria e invertir en “integración antes que exclusión”.
Sostiene que el debate público ha tendido a asociar la migración y la criminalidad “como si se trata de fenómenos inseparables” y que cuando toda la política migratoria se diseña desde una lógica securitaria, se corre el riesgo de “convertir a cada migrante en un sospechoso potencial”.
“La experiencia internacional demuestra que perseguir organizaciones criminales y proteger derechos humanos no son objetivos incompatibles. El verdadero reto consiste precisamente en lograr ambas cosas al mismo tiempo”, escribió en junio de este año.
