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Cuerpos hallados enterrados en zona enmontada en Malambo eran dos hermanas adolescentes

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Las menores de 14 y 17 años, estaban desaparecidas desde el martes de carnaval.

La angustia terminó en tragedia para la familia Hernández Noriega, luego de que se confirmara que los cuerpos hallados enterrados en el barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, corresponden a dos adolescentes reportadas como desaparecidas desde el pasado 17 de febrero.

Las víctimas fueron identificadas como Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández, de 17. Ambas habían salido esa noche, martes de Carnaval, desde su vivienda en el barrio La Sierrita, en Barranquilla, con destino a una fiesta en Malambo.

Una hermana de las jóvenes, confirmó que la identificación se logró gracias a los tatuajes que ambas tenían en común.

“Ellas tenían unos tatuajes de hermanas. La de 17 años está en total estado de descomposición, tienen que hacerle una prueba de ADN, pero sí se identificó el cuerpo de la menor, de la última de nosotras”, expresó en medio del dolor a las afueras de las instalaciones de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Según relató Wendy, las adolescentes salieron de su casa alrededor de las 11:00 de la noche del martes de carnaval. “Salieron del barrio La Sierrita, que es donde vivimos, hasta Malambo. Dijeron que se iban a bajar en la bomba y de ahí iban a avisar”, manifestó.

De acuerdo con la versión entregada por la familia, las jóvenes se encontrarían con unos amigos que conocieron durante las festividades de Carnaval. Desde ese momento se perdió todo contacto con ellas.

Hay que señalar que los cuierpos fueron hallados en una zona enmontada del sector, al parecer, luego de que la comunidad alertara a las autoridades sobre un fuerte olor que emanaba fuera de un predio localizado en la carrera 18 con calle 37C.

Posterior al hallazgo, los peritos trasladaron los restos –que presentaban signos de violencia y avanzado estado de descomposición– hasta la morgue de Medicina Legal. Desde que aquel sábado no se supo mayor información, hasta que este lunes 2 de marzo los allegados de las jovencitas confirmaron la trágica noticia.

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Fiscalía llama a juicio a Blessd, Dímelo Jara y otras dos personas por presunto constreñimiento

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*La audiencia se realizará el próximo 9 de febrero.

La Fiscalía radicó escrito de acusación contra el cantante de música urbana Blessd, Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, Laura Moreno y Julián Giraldo, dentro de una investigación que inicialmente estuvo relacionada con un presunto secuestro extorsivo ocurrido en Medellín. Con la acusación, el proceso avanza hacia la etapa de juicio por los hechos denunciados por Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido artísticamente como ‘Yo me llamo Ozuna’.

De acuerdo con el escrito de acusación, los delitos señalados dentro del proceso incluyen acceso abusivo a un sistema informático; intimidación o amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, arma de fuego hechiza y arma blanca, además de constreñimiento ilegal. Sin embargo, la situación jurídica no es igual para los cuatro acusados. A Blessd se le acusa únicamente por el delito de constreñimiento, mientras que a Santiago Jaramillo, ‘Dímelo Jara’, se le atribuyen los tres delitos señalados en el proceso.

La investigación se originó en la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, quien aseguró haber sido retenido contra su voluntad durante una reunión realizada en la disquera de Blessd. Según su relato, había asistido al encuentro como representante de un artista imitador del cantante y durante la reunión integrantes del equipo de Blessd le habrían exigido firmar un contrato para comprometerse a no realizar nuevas presentaciones en las que imitara al artista.

En el escrito de acusación, la Fiscalía describe las conductas que, según su hipótesis, habrían sido utilizadas para presionar a Sánchez y lograr que cumpliera las exigencias planteadas durante la reunión.

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Imputan al general (r) Mario Montoya y otros 9 generales por 2.077 víctimas de «falsos positivos»

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Imputan al general (r) Mario Montoya y otros 9 generales por 2.077 víctimas de «falsos positivos»
La JEP pudo esclarecer judicialmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, 2.702 personas fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate.

La Jurisdicción Especial para la Paz identificó a diez generales retirados del Ejército como máximos responsables por su contribución, desde los más altos niveles de mando militar, a la expansión nacional de los llamados ‘falsos positivos’ entre 2005 y 2008. Entre los militares se encuentra el general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

En el caso del general (r) Montoya, la investigación encontró bases suficientes para considerarlo máximo responsable por su contribución a la consolidación e institucionalización de una política de facto de conteo de cuerpos que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional.

Según encontró la JEP en esta etapa procesal, entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, el entonces general Mario Montoya Uribe ejerció sucesivamente como comandante de la Primera División, del Comando Conjunto Caribe No. 1 (CCON1) y del Ejército Nacional. Durante ese período, contribuyó a la consolidación de una política de facto orientada a privilegiar las bajas en combate como principal indicador de éxito militar.

La Sala de Reconocimiento de Verdad documentó que Montoya Uribe promovió mecanismos de presión, seguimiento y competencia entre unidades, mediante programas radiales, metas cuantitativas, clasificaciones o “rankings” y sistemas de incentivos que privilegiaban el reporte de muertos en combate sobre otros resultados operacionales.

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Alias Primo Gay estuvo a punto de quedar en libertad por los «improperios» que le lanzó De La Espriella

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*Luego de la legalización de la captura de alias ‘Primo Gay’, causó revuelo la decisión que tomó un juez de compulsar copias para que se examine las supuestas, “expresiones totalmente despectivas” que usó el presidente Abelardo De La Espriella contra ese sujeto y otros que han sido capturados.

Luego de la legalización de la captura de alias ‘Primo Gay’, causó revuelo la decisión que tomó un juez de compulsar copias para que se examine las supuestas “expresiones totalmente despectivas” que usó el presidente Abelardo De La Espriella cuando confrontó al delincuente. Hay que recordar que en el video publicado por el mandatario se ve diciéndole al cabecilla del Clan del Golfo expresiones como: «porquería, asesino, despreciable, basura o miserable», palabras que, según el juez, afectaron la dignidad humana del capturado.

Sin embargo, hay otras declaraciones del presidente, que fueron divulgadas por el Ministerio de Defensa, y que también habrían entrado en consideración de las pesquisas que se le pidió realizar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

«Semejante asesino. ¿Cómo estás? Asustado, ¿verdad? Oye lo que te digo, te voy a mandar para Estados Unidos para que te pudras en una cárcel en los Estados Unidos. Y a tu mamá, que es una delincuente, y a tus hermanas las voy a hacer sacar de la domiciliaria que compraron y las voy a llevar también a una cárcel», indicó el presidente.

El video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que ahora tiene en problemas al mandatario, habría sido el detonante para que alias ‘Primo Gay’ por poco quedara en libertad según se ha podido conocer desde la capital de Antioquia.

El abogado penalista, Santiago Trespalacios, dio a conocer algunos de los puntos por lo que considera, desde su profesión, que lo que ha hecho el mandatario en varios momentos podría afectar el proceso con las personas capturadas y llevadas ante el presidente.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), establecido en los Convenios de Ginebra, protege a las personas capturadas, rendidas o que han quedado fuera de combate. Esa protección incluye el respeto a su dignidad humana y prohíbe los tratos humillantes, degradantes y los ultrajes personales.

Por tanto, las autoridades militares, policiales y demás agentes del Estado no pueden maltratar, humillar ni someter a tratos degradantes a una persona que se encuentra bajo su poder, aunque sea integrante de un grupo armado ilegal o haya cometido delitos.

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