Cuatro capturados por robo de energía en zona rural de Ciénaga, Magdalena

Un transformador instalado de manera irregular, pérdidas millonarias y riesgos para la seguridad de decenas de personas quedaron al descubierto durante un operativo contra el robo de energía en zona rural de Ciénaga, Magdalena, que dejó cuatro personas capturadas por hurto de energía.

La diligencia de allanamiento fue adelantada por la Policía Judicial de Santa Marta, con el apoyo de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y Air-e Intervenida, en una recicladora y comercializadora de plástico donde las autoridades encontraron infraestructura eléctrica instalada de manera ilegal.

Durante el procedimiento fue incautado un transformador de 250 kVA, con capacidad para abastecer aproximadamente a 5.000 familias, además de crucetas, una caja de portafusibles y trenzas de aluminio. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones. Los cuatro capturados fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.

Pérdidas que superarían los $59 millones mensuales

De acuerdo con las estimaciones de Air-e Intervenida, la operación irregular asociada a la capacidad del transformador representaría cerca de 72.000 kilovatios hora (kWh) mensuales de energía no facturada, con pérdidas económicas que superarían los $59 millones al mes.

La compañía también reportó una cartera acumulada superior a los $3.000 millones asociada a la problemática identificada. Esta situación pone de manifiesto el impacto que las conexiones irregulares y el uso no autorizado de la infraestructura eléctrica pueden tener sobre las finanzas de la empresa y la prestación del servicio.

Riesgo para cerca de 40 personas

Más allá del impacto económico, el operativo permitió evidenciar las condiciones de riesgo eléctrico en el lugar, donde, además de la actividad comercial, residían aproximadamente 40 personas.

La presencia de instalaciones antitécnicas y conexiones irregulares puede aumentar la probabilidad de cortocircuitos, sobrecargas, incendios y accidentes por contacto con elementos energizados, poniendo en peligro tanto a quienes permanecen en estos predios como a las comunidades cercanas.

Air-e Intervenida reiteró que la manipulación no autorizada de las redes y la utilización irregular de equipos eléctricos comprometen la seguridad de las personas, afectan la infraestructura y pueden generar fallas en la prestación del servicio.

Trabajo articulado contra el fraude eléctrico

La compañía destacó la importancia del trabajo coordinado con la Policía Nacional y las autoridades judiciales para detectar y combatir la defraudación de fluidos, una conducta tipificada en el Código Penal colombiano, que afecta la prestación de un servicio público esencial.

Air-e Intervenida continuará acompañando las acciones institucionales dirigidas a proteger la infraestructura eléctrica, prevenir conexiones ilegales y promover condiciones más seguras para las comunidades de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La empresa hizo un llamado a los usuarios, comerciantes y comunidades para que hagan un uso legal, seguro y responsable de la energía. La protección de las redes eléctricas es una responsabilidad compartida y una condición fundamental para avanzar hacia un servicio más confiable, contribuir al desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región Caribe.