El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd) y pieza fundamental del escándalo de corrupción en esa entidad, Olmedo López, anunció en la mañana del miércoles que no asistirá a su citación en la Corte Suprema de Justicia.
La razón, según argumentó el exdirector a través de su abogado, José Luis Moreno, es que recibió el llamado de la Corte, a través de medios de comunicación, por lo que solicitó que se le cite conforme a los estándares de la justicia.
Sin embargo, en la tarde de este miércoles la Corte Suprema de Justicia ordenó la conducción de Olmedo López de forma inmediata a la diligencia para la que fue citado en la Sala de Instrucción. Es así como López llegó a la sede del norte de Bogotá para rendir su versión.
El exdirector llegó custodiado con un fuerte esquema de seguridad conformado por policías y su personal de seguridad en varias camionetas blindadas. López, quien asistió con un tapabocas y bufanda, ingresó por una de las puertas principales del edificio de la Sala de Instrucción del alto tribunal, en el norte de Bogotá.
El exfuncionario había sido llamado por el magistrado Héctor Javier Alarcón, en medio del escándalo de corrupción por la compra de 80 carrotanques para La Guajira.
Por su parte, José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, cuestionó el traslado de su defendido. «Consideramos que esta conducción que acaban de desarrollar es ilegal, toda vez que no cumple con las medidas necesarias. A nosotros no se nos citó en debida forma. La pregunta es dónde está la citación. Esto es violatorio a las garantías del señor Olmedo y a su protección. La pregunta que se debe hacer la sociedad es dónde consiguieron la dirección del señor Olmedo si solamente la tiene el esquema de protección de la Fiscalía General de la Nación. La citación del abogado nunca llegó, el abogado de López nunca fue citado».
El abogado defensor dijo que su cliente está «dispuesto a cualquier llamado que haga la justicia, frente a los hechos que se narrarán en el marco de un principio de oportunidad, adelantado con la Fiscalía General de la Nación».
Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Ungrd y quien al igual que López pidió principio de oportunidad a la Fiscalía, señaló a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, como la «mensajera» del Gobierno en el aparente entramado de corrupción.
De acuerdo con la versión de Pinilla, la exconsejera era la presunta encargada de entregarle $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para influir en la aprobación de las reformas del Gobierno en el Legislativo.
