La atención a la primera infancia en Magdalena enfrenta un escándalo que ha generado indignación social.
La Contraloria General de la República, Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena, archivó la denuncia contra el ICBF Regional Magdalena y la Fundación Bastidas, responsables de ejecutar el contrato N°47001622024, por un valor inicial de $3.637 millones, destinado a atender a 1.011 niños y madres gestantes en los municipios de Fundación y Aracataca.
El archivo de la denuncia ha provocado indignación porque, según el denunciante, los recursos podrían haber sido malversados o desviados, afectando directamente a los niños más vulnerables.
El contrato, firmado el 6 de marzo de 2024, tenía como objetivo prestar servicios de educación inicial y desarrollo integral en la modalidad “Desarrollo Infantil en Medio Familiar – DIMF”, siguiendo los lineamientos del ICBF y la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
La Fundacion Bastidas recibió $3.637.992.571, de los cuales $3.566.659.383 provenían del ICBF y $71.333.188 eran aportes de la propia Fundación.
Aunque el contrato contemplaba atender a 1.011 beneficiarios, visitas de campo y registros en la plataforma Cuéntame evidenciaron que se atendieron 1.325 usuarios, cifra utilizada por la Contraloría para argumentar que no hubo detrimento fiscal y archivar la denuncia.
Sin embargo, la veeduría denunciante, sostuvo que la auditoría omitió revisar coincidencias reales entre las planillas RAM y los registros de Cuéntame, la supervisión directa de todas las unidades de servicio (UDS) y el uso efectivo y destino final de los recursos.
La veeduría “unidos por el municipio”, denunció que la FUNDACIÓN BASTIDAS y el ICBF REGIONAL MAGDALENA pudieron haber desviado o robado la plata de los niños, incluyendo dos liberaciones adicionales por $275 millones que aumentaban el riesgo de malversación sin control.
A raíz de esto, interpuso un recurso de reconsideración exigiendo que la Contraloría amplíe la auditoría, revise nuevamente toda la documentación y determine si los recursos fueron efectivamente utilizados para los niños y madres gestantes o si hubo desvío de fondos.
Expertos en control fiscal advierten que este caso evidencia graves vacíos en la supervisión de las ESAL encargadas de la primera infancia y la falta de controles rigurosos en tiempo real, lo que permite irregularidades sin sanciones inmediatas.
La comunidad de Fundación y Aracataca está indignada y exige respuestas claras: padres y madres cuestionan si sus hijos recibieron realmente los servicios prometidos o si la plata fue desviada.
«El caso cuestiona directamente al ICBF Regional Magdalena y mantiene a la Fundación Bastidas bajo la lupa, ya que se trata de un debate nacional sobre la protección de la primera infancia, la transparencia en los contratos públicos y la rendición de cuentas, recordando que los niños y madres gestantes son la prioridad, y cualquier irregularidad debe ser investigada y sancionada», aseguran.
