El ente de control deberá determinar si Andrés Julián Rendón es condenado fiscalmente por el proyecto de las ciclorrutas del Oriente, que no fue culminado. La cuantía del daño fiscal ascendería a $ 26.186 millones de pesos.
La Contraloría General asumió el caso de responsabilidad fiscal en contra del Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, debido al conflicto de interés del nuevo Contralor General de Antioquia electo para el periodo 2026-2029, Juan Carlos Herrera Toro, quien asumió funciones el 1 de enero de este año, ya que fue el abogado del investigado.
El ente de control tomó la decisión debido a la existencia de una percepción ciudadana acerca “del riesgo inminente que se cierne sobre la imparcialidad y objetividad de la Contraloría General de Antioquia para continuar el trámite del proceso de responsabilidad fiscal que compromete al señor gobernador departamental de Antioquia y decidir de fondo sobre su responsabilidad fiscal”.
A esto se sumó la importancia del asunto por la alta cuantía del daño fiscal, que asciende a 26.186 millones de pesos.
De este modo, el caso fue asignado a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, que adelantará las actuaciones que estimen pertinentes de conformidad con la normativa que rige la materia.
Hay que recordar que la imputación contra el Gobernador es por presuntas falencias en los diseños para la construcción de las ciclorrutas del Oriente, proyecto que no fue culminado.
De acuerdo con el ente de control, el proyecto fue anunciado por el IDEA con una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos y contemplaba intervenciones en municipios como Rionegro y Marinilla. Sin embargo, pese a la suscripción de un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) e Indeportes Antioquia, las obras no se materializaron conforme a lo pactado.
