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Fiscalía

Condenan a seis años de cárcel a Emilio Tapia por casos de Centros Poblados y Emcali

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Luego de suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el contratista Emilio José Tapia Aldana fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato que buscaba llevar el servicio de internet a escuelas rurales en diferentes zonas del país, caso conocido como ‘Centros Poblados’; y en dos procesos contractuales que se siguieron en las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

El sentenciado previamente había aceptado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Asimismo, ofreció excusas, se comprometió a colaborar con la justicia y a reintegrar 5.063 millones de pesos que fueron apropiados ilegalmente.

Hasta el momento ha restituido 2.532 millones de pesos, a través de ocho títulos judiciales. El 50% restante lo cubrirá con dos pagarés por 1.265 millones de pesos que deberá presentar en abril y octubre de 2025. Por ahora, el valor está soportado con un inmueble en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín (Antioquia).

Producto de la condena conocida, Tapia Aldana continuará privado de la libertad en un centro carcelario de Barranquilla (Atlántico).

Centros Poblados

En octubre de 2020, al enterarse de una licitación pública que abría el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTics) para un contrato de un billón de pesos, con el objeto de dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos de país, Emilio Tapia se concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso contractual.

Con esta maniobra y sin tener las garantías bancarias, fue beneficiado con la adjudicación y posterior legalización del contrato 1043 de 2020. Posteriormente, gestionó y entregó tres pólizas bancarias falsas y así recibir un anticipo, del cual a Tapia Aldana le correspondieron 5.063 millones de pesos que destinó para la compra de obras de arte y vehículos, y diferentes gastos personales como préstamos y el pago de honorarios a abogados.

Emcali

En febrero de 2021, se creó un consorcio con empresas dominadas por Emilio Tapia con el propósito de quedarse con dos contratos ofertados por las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para la construcción de las obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, ubicada entre Buga y Loboguerrero (Valle del Cauca), por 3.798 millones y 2.414 millones, respectivamente.

En el proceso falsificó las pólizas que garantizaba el cupo de crédito por el 30% de cada uno de los contratos. De esta manera, hizo incurrir en error a funcionarios de Emcali que emitieron avales administrativos para suscribir los citados contratos.

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Fiscalía

Golpe a red delictiva señalada de falsificar documentos para grupos armados ilegales

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*La investigación estableció que la organización habría falsificado cerca de 500 documentos de identidad para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto el actuar de una red delincuencial que, presuntamente, se dedicaba a falsificar cédulas de ciudadanía y otros documentos públicos para facilitar actividades ilícitas en Santa Marta (Magdalena).

Las actividades investigativas permitieron establecer que, en diferentes inmuebles de la ciudad, los presuntos integrantes de la organización elaboraban cédulas de ciudadanía, tarjetas de propiedad de vehículos y placas para motocicletas y automóviles, utilizadas posteriormente para cometer estafas, falsedades y suplantaciones.

Para evadir la acción de las autoridades, algunos de ellos se hacían pasar por prestamistas informales o administradores de pagadiarios.

La investigación también evidenció que la red delincuencial sería la encargada de fabricar documentos falsos para grupos armados ilegales que delinquen en la región. En agosto de 2025, presuntamente recibió un pedido de cerca de 500 cédulas de ciudadanía que serían entregadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Por estos hechos fueron capturados y judicializados Elkin Alfonso López Arrieta, Germán Emilio Flórez Maestre, Miguel Ángel López Arrieta y Óscar Enrique Torres Ayola.

En diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, fueron incautadas 73 cédulas de ciudadanía; una troqueladora; una laminadora; dos computadores portátiles; 11 celulares; 84 tarjetas SIM; papel fotográfico, y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para elaborar los documentos
fraudulentos.

Algunos de los documentos incautados contenían la fotografía de uno de los procesados; sin embargo, los nombres no coincidían con su verdadera identidad.

Otros presentaban alteraciones específicas en la impresión, la tinta fluorescente invisible UV, la película holográfica, los microtextos legibles, entre otros elementos.

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Fiscalía

Tres hombres implicados presuntamente en maltrato animal fueron judicializados

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*La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), judicializó a tres hombres, presuntamente involucrados en casos de maltrato contra caballos que estaban siendo utilizados para tirar carretas.

Los elementos materiales probatorios aportados evidenciaron que los hechos ocurrieron en Sabanalarga (Atlántico) donde los animales fueron encontrados con lesiones físicas que comprometían su bienestar y salud.

Uno de los imputados es Oswaldo Enrique Manotas Mendoza presunto propietario y cuidador de un equino que fue encontrado el 15 de octubre de 2025 con lesiones cutáneas en el tórax y heridas en la línea media dorsal compatibles con contusiones y traumatismos repetitivos.

De otra parte, fue judicializado Calixto Juan Coronado Peña presunto propietario y cuidador de un caballo que fue encontrado el 6 de julio de 2025 en condiciones de desnutrición, con debilidad generalizada y múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

Hallazgos veterinarios señalan que las afectaciones se relacionaban con fricción repetitiva.

Finalmente, fue imputado Jesús Rafael Coronado Maestre, luego de que el 9 de julio de 2025 las autoridades encontraran un equino en grave deterioro físico, deshidratación severa, heridas supurantes y otras alteraciones que comprometían su integridad.

La Fiscalía imputó a los procesados el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de los animales. Cargo agravado por suceder en vía pública.

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Fiscalía

Avalado principio de oportunidad a capitán de la Policía involucrado en escándalo de las chuzadas

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*El oficial aceptó su responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones y se comprometió a ser testigo de cargo contra otros involucrados en los hechos.

Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías avaló e impartió legalidad al principio de oportunidad otorgado al capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón.

Con esta decisión, se suspende parcialmente la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante 12 meses. A cambio, el beneficiario se comprometió a rendir testimonio en otros procesos penales en los que resultó víctima Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia.

La Fiscalía estableció que, para la época de los hechos, Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, presuntamente, participó en la falsificación de informes y el formato de entrevista a fuente no formal que sirvieron de soporte para obtener, de manera ilegal, órdenes de interceptación.

En dichos documentos se afirmó falsamente que estas personas eran integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en la ciudad. La investigación se originó por el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia.

En el curso de ese proceso se detectaron las irregularidades que derivaron en las interceptaciones ilegales. El proceso penal en su contra continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

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