Con el pretexto de validar los beneficios ofrecidos, las víctimas entregaban documentos y datos personales que luego eran utilizados para realizar transacciones.
Bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos eran algunos de los ofrecimientos con los que supuestas agencias de viajes atraían a ciudadanos en centros comerciales de Medellín.
Una vez en sus oficinas, les solicitaban cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el pretexto de validar los beneficios, pero estos elementos eran utilizados para abrir productos financieros y realizar transacciones fraudulentas a su nombre.
Las víctimas, en su mayoría adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas, eran abordadas por integrantes de una estructura que delinquía mediante empresas con distintas razones sociales.
Los recursos obtenidos terminaban en cuentas controladas por la organización.
Cuando los afectados no llevaban sus documentos o tarjetas, los acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos.
Además, les impedían leer los contratos que firmaban, aprovechando sus limitaciones visuales o la confianza generada con las ofertas.
Las denuncias por estas operaciones y las evidencias recopiladas permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificar el esquema ilegal, que dejó más de 1.000 afectados y ganancias ilícitas más de 14.000 millones de pesos.
Los presuntos implicados en el entramado delincuencial fueron identificados como Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa. Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado.
