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«Bombardeos seguirán siempre que sean estrictamente necesarios»: Asegura el comandante de la FAC

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Los bombardeos contra grupos armados ilegales continuarán siempre que sean «estrictamente necesarios», afirmó este martes el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), general Luis Carlos Córdoba, en medio de las críticas al Gobierno por la muerte de al menos doce menores de edad en varios ataques de ese tipo.

«Si este adversario introdujo menores en su dispositivo de combate, prohibir estas operaciones sería como otorgar un incentivo perverso para que ellos sigan reclutando niños, niñas y adolescentes para blindarse de la acción del Estado», manifestó el oficial en una entrevista con EFE.

La FAC es la encargada de ejecutar los bombardeos en apoyo a la tropa en tierra, razón por la cual la polémica sobre los menores muertos en esos ataques involucra directamente a esa rama de las Fuerzas Militares.

«La fuerza pública siempre tiene la obligación, el mandato constitucional de llevar la seguridad, de restablecer el orden y la ley en cada rincón del país y la integridad del territorio por todos los medios, métodos legítimos», subrayó el oficial.

En ese sentido, el comandante de la FAC señaló que «las operaciones militares se han planeado y se seguirán planeando con plena observancia al derecho internacional humanitario (DIH) y respeto por los derechos humanos, acorde a la doctrina y a la inteligencia que se suministre para cada operación».

Esta táctica se utiliza «siempre guardando los principios de humanidad, distinción, limitación, proporcionalidad, precaución en cada uno de los ataques, la necesidad militar y la no reciprocidad, buscando siempre golpear un objetivo militar y mantener una ventaja militar», explicó.

Polémica por muerte de menores reclutados ilegalmente

La confirmación de que al menos doce menores de edad reclutados de manera forzada por las disidencias de las antiguas FARC lideradas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, cayeron en bombardeos este mes en los departamentos de Guaviare (centro-sur) y Arauca (este) ha provocado una controversia en el país y críticas al presidente colombiano, Gustavo Petro, por aprobar estos ataques que condenó con vehemencia cuando estaba en la oposición.

«Hay un total registrado, al momento, de 12 en total», dijo el general sobre el número de menores muertos confirmados en las filas de la guerrilla.

El oficial señaló que el dato de tres menores caídos en otra operación militar en agosto «es una desinformación», pues no murieron en un bombardeo de la FAC sino en un combate del Ejército con la facción que lidera ‘Iván Mordisco’.

El comandante de la FAC añadió que cuando el presidente autoriza un bombardeo, «como última opción», lo hace después de un análisis de información de inteligencia que pasa por diferentes instancias hasta llegar al Ministerio de Defensa y finalmente al jefe de Estado.

El bombardeo se hace «tratando de garantizar (…) el mínimo de afectación sobre la población civil, sobre bienes o personas protegidas», y «siempre se tiene en cuenta esto y la capacidad armada del enemigo (…) con el fin de debilitarlo y evitar que más adelante atente» contra la tropa y las comunidades.

«Por esa razón se emplea el método de derrota, que se llama el bombardeo sobre el cabecilla, que se centra exclusivamente en el cabecilla, en su área básica localizada para poder de esta manera doblegarlo y quitar la presión sobre la población», lo que, sin embargo, no impide que haya otras bajas, precisó.

Petro asumió la responsabilidad por los bombardeos a las disidencias y pidió perdón a los familiares de los menores, aunque defendió esta táctica como única forma de proteger a los militares en la zona de los ataques.

«Desafortunadamente, algunos de estos grupos criminales están utilizando el reclutamiento forzado (…) y condenamos de manera vehemente este tipo de actividades en las que se utiliza a nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes en actividades criminales que no revisten nada diferente a un interés económico de unas mafias que están tratando de tomar control de una zona y generando temor en la sociedad», agregó el general Córdoba.

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Familias del Pacífico colombiano aún viven entre grietas tres meses después del terremoto

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*Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde solo quedó una casa en pie.

Numerosas familias del Pacífico siguen viviendo en casas dañadas, agrietadas o dependiendo de otros hogares para alojarse casi tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, según un balance divulgado este jueves por Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Observamos que muchas familias de las comunidades visitadas seguían ocupando sus casas afectadas o estaban siendo recibidas por familias de acogida, lo que afecta las condiciones de vida de ambas», señaló la organización humanitaria en su informe.

Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde, según el censo de la comunidad, de las 65 viviendas que había antes del terremoto del pasado 10 de agosto solamente una quedó en pie.

La organización, que este jueves anunció el cierre de su atención a la emergencia tras diez semanas de trabajo, explicó que muchas viviendas continúan habitadas pese a presentar grietas por las que entra el agua y techos sostenidos con apoyos improvisados.

La emergencia agravó problemas que ya afectaban a las comunidades del Pacífico, especialmente en zonas rurales e indígenas con dificultades de acceso a servicios básicos, agua potable y atención sanitaria.

En las riberas de los ríos Baudó y San Juan, inundaciones que se produjeron después del terremoto destruyeron cultivos y dejaron a numerosas familias en una situación de mayor vulnerabilidad alimentaria, explicó la jefa de misión de MSF en Colombia, Siham Hajaj.

«Las problemáticas preexistentes se agudizaron por el terremoto. Centenares de familias afectadas por conflicto, violencia y restricciones de acceso a servicios básicos perdieron sus hogares», señaló Hajaj, quien reclamó una respuesta integral y sostenida para atender las necesidades de estas comunidades.

Durante las diez semanas de intervención, los equipos de MSF realizaron 5.001 consultas, de las cuales 4.645 fueron de salud física y 356 de salud mental, además de distribuir filtros de agua y artículos de primera necesidad.

En seis municipios del Chocó, la organización identificó que una parte importante de las enfermedades estaba relacionada con el consumo de agua no segura.

También detectó cerca de 100 casos de malaria y más de 40 de dengue, especialmente en las zonas rurales. El balance oficial del terremoto cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.

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Avanza megaoperativo en Bogotá para expulsar a más de 80 peligrosos delincuentes extranjeros

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En un megaoperativo articulado entre las principales fuerzas de seguridad e inteligencia del país, las autoridades avanzan en Bogotá con el traslado y posterior expulsión de más de 80 ciudadanos extranjeros que permanecían bajo custodia judicial por la comisión de diversos delitos de alta severidad. La intervención interinstitucional cuenta con la participación activa de la Policía Nacional, funcionarios de Migración Colombia, efectivos de las Fuerzas Especiales y unidades del Ejército Nacional.

El procedimiento operativo inició durante las horas de la tarde en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Sijín), ubicadas en el centro de Bogotá, en inmediaciones de la carrera décima y las antiguas dependencias de la Policía Metropolitana.

En la sede judicial se concentró a los requeridos, donde personal especializado de Migración Colombia, junto a oficiales de altos mandos de la Policía Nacional, adelantó uno a uno los trámites administrativos, la verificación de expedientes y el diligenciamiento de la documentación reglamentaria requerida para concretar la medida de expulsión del territorio colombiano.

Durante la tarde y la madrugada posterior, se coordinaron los esquemas de seguridad necesarios para garantizar el control del perímetro exterior e interior de las instalaciones de retención.

Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades iniciaron la fase de evacuación de los detenidos desde las celdas de la Sijín. Los retenidos fueron extraídos en bloques organizados de a 20 personas, bajo la estricta custodia de comandos armados del GOES y uniformados del Ejército Nacional, quienes custodiaron el abordaje hacia los buses de la Policía Nacional dispuestos sobre las vías aledañas.

Una vez abordados los vehículos, se puso en marcha una fuerte caravana de seguridad con rumbo al occidente de la ciudad. El convoy tomó la calle Sexta escoltado por una decena de vehículos de la Policía, camionetas institucionales, motocicletas del personal de tránsito y tanquetas blindadas. El dispositivo garantizó el trayecto ininterrumpido hasta las instalaciones del Aeropuerto Militar de Catam, donde los trasladados quedaron bajo custodia a la espera de la logística aérea.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la cobertura en el lugar de los hechos, las personas objeto del operativo registran antecedentes y procesos vinculados a graves afectaciones a la seguridad ciudadana. Entre las conductas punibles imputadas a los extranjeros destacan delitos de extorsión, homicidio y diversas modalidades delictivas ejecutadas en Bogotá y distintas regiones del país.

Tras su arribo a la terminal aérea militar de Catam, se dispuso el transporte aéreo de los retenidos mediante un vuelo directo hacia la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Desde este punto fronterizo se completará el trámite de expulsión y deportación terrestre hacia territorio venezolano en el transcurso de las próximas horas.

 

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Dos muertos y 10 heridos dejó riña e intento de motín en URI de Puente Aranda, en Bogotá

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*La emergencia se registró al interior de las instalaciones, donde un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad obligó a la intervención de las autoridades.

dos personas murieron y otras 10 resultaron heridas en medio de una riña y un intento de motín registrado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se presentaron al interior de las instalaciones de esta URI, donde se habría desatado un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. La situación generó una emergencia que dejó varias personas lesionadas y obligó a la intervención de las autoridades.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el suceso, pero familiares de algunos de los detenidos han dado a conocer que la riña ya deja un saldo de dos muertos y ocho heridos. Varios de los involucrados que resultaron con heridas fueron trasladados a la Clínica de Occidente y al Hospital Santa Clara.

Sobre uno de los fallecidos, sus familiares fueron los encargados de confirmar que era uno de los detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y que resultó gravemente herido. A pesar de que alcanzó a ser trasladado con vida a la Clínica de Occidente, donde recibió atención médica, no logró sobrevivir.

Se está a la espera de que las autoridades que atienden la situación den un informe oficial sobre lo que ocasionó la emergencia en la URI, la cifra oficial de heridos y fallecidos, así como de las acciones que se tomarán por este hecho.

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