*La convocatoria reúne reivindicaciones laborales, educativas y territoriales, pero también expresa el rechazo de organizaciones civiles a las primeras decisiones del Ejecutivo.

Sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales colombianos preparan una jornada de movilización para el próximo miércoles, en lo que será una primera prueba del nivel de respuesta al Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien lleva más dos meses en el poder.

La convocatoria reúne reivindicaciones laborales, educativas y territoriales, pero también expresa el rechazo de organizaciones civiles a las primeras decisiones del Ejecutivo y su preocupación por las iniciativas oficiales para limitar la protesta social.

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó a los maestros en defensa de la educación pública, la salud del magisterio y sus derechos laborales, así como para exigir la reparación y reconstrucción de las miles de escuelas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La decisión adoptada por la junta del mayor sindicato de educadores del país el pasado 30 de septiembre, busca vincular al magisterio con otros sectores sociales en una convocatoria que además rechaza lo que Fecode considera una «campaña de estigmatización» contra los docentes y sus organizaciones sindicales.

En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó un paro de 24 horas y denunció incumplimientos de acuerdos colectivos por parte de la Secretaría de Educación, así como descuentos salariales y sanciones contra maestros que participaron en anteriores movilizaciones.

Movilización indígena

Cuatro organizaciones indígenas del suroeste del país celebrarán este lunes y martes una cumbre en el departamento del Cauca (oeste) para articular sus posiciones y sumarse a la jornada nacional del miércoles.

Edinson Peña, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), dijo a EFE que la movilización responde a decisiones que, a su juicio, «amenazan los intereses de las comunidades», entre ellas las políticas sobre extractivismo y megaproyectos en sus territorios, así como los señalamientos del presidente contra las organizaciones indígenas.

Peña sostuvo que, pese a los dos meses que lleva el nuevo Gobierno, ya se han adoptado medidas que considera contrarias a los intereses de las comunidades indígenas y ha habido señalamientos e intentos de dividir sus organizaciones y desconocerlas.

«La protesta es el único instrumento que nos queda a los pueblos indígenas y a las organizaciones sociales para poder ser escuchados y exigir el cumplimiento de nuestros derechos», manifiesta.

El debate sobre la protesta

La jornada coincide con la intención del Gobierno de modificar el protocolo de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones con el argumento de proteger la protesta pacífica y establecer reglas claras para actuar frente a la violencia, los bloqueos y las afectaciones a terceros.

Sin embargo, organizaciones sociales y expertos han advertido sobre los riesgos de ampliar la discrecionalidad policial en Colombia y debilitar los mecanismos de diálogo.

A esta discusión se suma el Estatuto Antiterrorista que prepara el Ejecutivo, una iniciativa que busca ampliar las herramientas jurídicas y operativas del Estado contra organizaciones consideradas terroristas.

La oposición considera que el proyecto podría criminalizar la protesta social al ampliar la definición de terrorismo y permitir medidas contra personas y organizaciones sin condena judicial previa, una preocupación expresada por el senador Iván Cepeda, el candidato izquierdista en las pasadas elecciones presidenciales.

La jornada del miércoles que se enmarca en un amplio calendario de movilizaciones que contempla un posible paro nacional en noviembre, aún sin fecha definida, que permitirá observar el alcance de la articulación entre las organizaciones sociales y tomarle el pulso al descontento con el Gobierno en la calle en una sociedad altamente polarizada.

Ya en las últimas semanas se fue calentando la temperatura con protestas de artistas contra los recortes en el sector Cultura, manifestaciones feministas por el derecho al aborto y una marcha en solidaridad con Palestina el pasado 7 de octubre.

*El hecho se registró en el barrio Alfonso López, muy cerca de la cárcel de mujeres.

En la mañana de este miércoles la ciudad de Popayán, Cauca, se llenó de completo caos y temor tras un nuevo atentado con explosivos que se registró hace durante esta la mañana de este 7 de octubre contra la Fuerza Pública.

El hecho se registró en el barrio Alfonso López, muy cerca de la cárcel de mujeres, al oriente de la capital caucana, donde desconocidos lanzaron el artefacto contra una patrulla de la Policía que se encontraba realizando un puesto de control en la zona, la explosión dejó dos uniformados heridos quienes ya fueron trasladados al Hospital Universitario de Popayán.

Actualmente, la zona se encuentra acordonada, mientras las autoridades adelantan las respectivas verificaciones. Según la comunidad, el estruendo se alcanzó a escuchar también en los barrios Los Sauces y La Floresta.

Por ahora, no se ha conocido un reporte oficial, y también se desconoce qué grupo armado sería el responsable de este nuevo atentado terrorista.

*Además, el representante a la Cámara Alejandro Toro denunció que al parecer se sugirió que las periodistas y presentadoras indígenas sólo podrían salir en cámara “si vestían de civil”.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, anunció que citarán a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y a la gerente de Inravisión a un debate de control político por la suspensión de 20 emisoras de paz y otras decisiones recientes que se han tomado en el sistema de medios públicos.

Según indicó el congresista, estas decisiones “configurarían un detrimento patrimonial, incumplimiento de acuerdos de Estado y vulneración al derecho a la información a más de 460.000 personas en zonas de conflicto”. El representante también recordó que el funcionamiento de estas emisoras “no va a los vaivenes ideológicos, políticos o de gobierno, es un acuerdo de estado que sale del acuerdo de paz”.

También señaló que “a más de 467.000 personas se les está vulnerando el derecho a la información, que justamente de ahí nace este compromiso del estado”.

El congresista también denunció que, al parecer, el periodista Omar Jaimes participó en un consejo de redacción sin un vínculo contractual y sugirió que las periodistas y presentadoras indígenas solo podrían salir en cámara “si vestían de civil”.

“Preguntaremos esto en el cuestionario anexo a la citación de debate de control político, puesto que el artículo 134A del Código Penal, incorporado por la Ley 1482 de 2011 y modificado por la Ley 1752 de 2015. Sanciona a quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de una persona por una razón discriminatoria. La legislación protege expresamente frente a discriminaciones por etnia y otras razones discriminatorias”, indicó Toro.