Conmina a alcaldes, gobernadores y ministerios a cumplir las leyes de bienestar animal y advierte que la omisión puede acarrear faltas disciplinarias.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expidió la Directiva 012 de 2026, la cual constituye la intervención preventiva más amplia de la Procuraduría en materia de protección animal, esta decisión responde a los incumplimientos sistemáticos detectados en numerosas administraciones territoriales frente a leyes en materia de Protección y Bienestar Animal.

La Directiva contiene 22 disposiciones dirigidas a alcaldes, gobernadores, 5 ministerios, asambleas, concejos y Juntas Defensoras de Animales, entre las medidas más relevantes se encuentran: la implementación inmediata de jornadas de esterilización, incluyendo la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno (CER) para animales sin hogar; la creación o puesta en operación de centros de bienestar animal en cada municipio, con un plazo de 90 días para presentar un plan de acción ante la PGN; la formulación inmediata del Plan de Centros Regionales de Bienestar Animal (CRBA) por parte de gobernadores y alcaldes que aún no lo hayan hecho; y la creación del Fondo Municipal de Protección Animal.

En materia de justicia, se ordena capacitar a los inspectores de policía para aplicar el Proceso Verbal de Maltrato Animal e implementar el Curso de Sensibilización previsto en la Ley Ángel, la Directiva también conmina al Ministerio de Ambiente a expedir de manera inmediata la Ruta de Atención al Maltrato Animal (pendiente desde octubre de 2025) y al Ministerio de Educación a incorporar contenidos sobre bienestar animal y tenencia responsable en los currículos escolares.

Para vigilar el cumplimiento, la Directiva crea la Mesa Nacional de Seguimiento coordinada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, con participación de los ministerios, las entidades territoriales, las Juntas Defensoras de Animales y las organizaciones de protección animal.

Todas las entidades destinatarias deben reportar semestralmente sus avances.

La Procuraduría advierte que el incumplimiento de estas obligaciones por omisión o negligencia administrativa pueden configurar faltas disciplinarias conforme a la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones previstas en la Ley 2094 de 2021. Proteger a los animales no es opcional: es una obligación legal que el Estado colombiano debe cumplir en todos los rincones del territorio.

*El material de guerra iba a ser enviado al departamento del Guaviare.

Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cinco, de la Tercera División, del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, incautaron 26 fusiles, 7 drones, cerca de 300 granadas y 6.300 cartuchos en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca.

Según las autoridades, el material de guerra pertenecería a la Estructura Jaime Martínez, de la disidencias.

Los elementos incautados, de acuerdo al informe de la Institución, pretendían ser enviados al departamento del Guaviare para fortalecer el accionar criminal de la estructura.

“En una operación de inteligencia militar, tropas de la #FUDRA5 de @Ejercito_Div3, en coordinación con la @PoliciaColombia, ubicaron y neutralizaron este importante cargamento en Yumbo, #ValleDelCauca, afectando de manera contundente las capacidades logísticas y ofensivas de los grupos armados organizados residuales”, informó el Ejército Nacional en su cuenta de X.

*El resultado representa una afectación a las finanzas ilícitas del grupo armado organizado ELN en aproximadamente 3.000 millones de pesos.

En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con unidades del Departamento de Policía Norte de Santander localizaron y desmantelaron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda San Miguel, municipio de El Zulia, Norte de Santander, infraestructura que pertenecería al Frente Juan Fernando Porras Martínez del GAO ELN.

Durante la operación militar, los soldados ubicaron una construcción compuesta por dos estructuras empleadas para el procesamiento y almacenamiento de sustancias ilícitas. En el lugar el GAO ELN tenía listos 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólida para ser transportada y comercializada.

Así mismo, las tropas incautaron gran cantidad insumos líquidos y sólidos utilizados para la producción de alcaloides, entre ellos 200 galones de acetona, 150 galones de thinner, 120 galones de combustible, 100 kilogramos de soda cáustica, 100 kilogramos de cal y 100 kilogramos de carbón activado.
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Con este resultado operacional, el Ejército Nacional continúa afectando de manera contundente las economías ilícitas del narcotráfico, debilitando las capacidades logísticas y financieras del Frente Juan Fernando Porras Martínez del GAO ELN.

La afectación económica para esta estructura criminal se estima en cerca de 3.000 millones de pesos, recursos que dejarán de ser destinados a la adquisición de armamento, explosivos y al sostenimiento de actividades delictivas que afectan la seguridad y tranquilidad de la población.