Una demanda ante la Corte Constitucional busca extender la licencia de maternidad en Colombia a más de seis meses, con base en recomendaciones de salud infantil y lactancia.

Una demanda ante la Corte Constitucional propone ampliar la licencia de maternidad en Colombia de 18 a 27 semanas, lo que equivaldría a más de seis meses de permiso remunerado. La iniciativa fue impulsada por el alcalde de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, Diego Andrés López.

Actualmente, la licencia de maternidad en el país es de 18 semanas —aproximadamente cuatro meses y medio—, financiada por el sistema de salud a través de las EPS. La propuesta busca alinear esta duración con estándares internacionales en materia de salud maternoinfantil.

Argumentos: salud infantil y recomendaciones internacionales
El principal sustento de la demanda radica en las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, que sugieren al menos seis meses de lactancia materna exclusiva.

Según explicó López, «Colombia está por debajo de los estándares internacionales”, y subrayó que el objetivo central es proteger al menor y prevenir enfermedades a largo plazo. El alcalde enfatizó que la lactancia exclusiva no solo beneficia a los niños, sino que también reduce costos en el sistema de salud: “los niños que reciben esa lactancia materna exclusiva son menos propensos a enfermedades que posteriormente el sistema de salud tiene que hacerse a cargo”.

En ese sentido, la ampliación de la licencia se plantea como una inversión preventiva, más que como un gasto adicional.

En tres jornadas de entrega de predios, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Magdalena, acompañó al Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta en el cumplimiento de órdenes judiciales proferidas por el Tribunal Superior de Cartagena.

El Juzgado materializó la restitución de ocho predios a familias campesinas que fueron despojadas por la violencia de grupos armados hace más de 20 años, en Aracataca.

«Estoy contenta porque volví a mi tierra con mis hijos y amigos. Agradecida con Dios y con el señor presidente Gustavo Petro, que nos dio esto y nos tiene en cuenta a los campesinos», dijo Sonia Esther Pérez de Roján, quien vivió los hechos victimizantes.

Las órdenes judiciales fueron proferidas por el Tribunal Superior de Cartagena.
Las órdenes judiciales fueron proferidas por el Tribunal Superior de Cartagena.
Unidad de Restitución de Tierras

Con una sonrisa en su rostro, hijos y nietos acompañaron el momento en el que firmó las escrituras que formalizaron la restitución material de su predio de 25 hectáreas.

En las jornadas participaron delegados de la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes han llevado la representación de las víctimas, que hoy materializan su anhelo de trabajar en sus tierras.

Avances del convenio de litigio estratégico

La Unidad trabaja de manera conjunta con organizaciones como CJYC y la CCJ, con ocasión a un proyecto de financiación respaldado por el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para la Paz en Colombia (MPTF).

El despojo de sus tierras ocurrió hace 20 años.

Este litigio estratégico articulado busca responder a casos complejos e impulsar el restablecimiento de derechos territoriales en departamentos como el Magdalena.

“Este convenio es uno de los logros representativos de la administración: permitió impulsar casos de difícil resolución y generar puentes para avanzar donde antes no los teníamos. Colectivizar el proceso de restitución nos permite leer el territorio de forma integral”, afirmó Paula Villa, directora jurídica de la URT.

Para muestra de los resultados de esta alianza, en las tres jornadas se restituyeron cerca de 200 hectáreas y varios parceleros de Macaraquilla van retornando paulatinamente a las tierras que la violencia les arrebató.

Este paso es tan solo el inicio del proceso de reparación transformadora, pues las familias restituidas recibirán el apoyo de la entidad para poner en marcha proyectos productivos u órdenes de sentencia que abarcan subsidios de vivienda o mejoramiento de esta.

El uniformado de 24 años fue asesinado mientras realizaba labores de control durante una feria. En la zona delinquen estructuras de las disidencias de las Farc.

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Caquetá, cuando un ataque armado contra uniformados de la Policía en el municipio de Cartagena del Chairá dejó como saldo un patrullero muerto y cuatro personas heridas, entre ellas tres policías y un civil.

La víctima fue identificada como Jason Rayo Espinoza, de apenas 24 años, quien se encontraba cumpliendo labores de registro, control de establecimientos y verificación de antecedentes en el marco de un dispositivo especial de seguridad desplegado durante una feria local.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados habían sido enviados únicamente durante ese fin de semana para reforzar la seguridad en la zona. Fue en medio de esas actividades cuando fueron sorprendidos por criminales, en un ataque que las autoridades calificaron como una acción violenta y directa contra la Fuerza Pública.

Tras el atentado, tres policías y un civil resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a la clínica Medilaser, donde recibieron atención médica especializada. Según los reportes, los lesionados ingresaron en condición estable.

Las autoridades rechazaron el hecho y anunciaron el inicio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. En esta zona del país hacen presencia estructuras armadas ilegales como la Rodrigo Cadete y la Carolina Ramírez, pertenecientes a disidencias de las Farc.