Las autoridades capturaron en zona rural del departamento del Valle del Cauca, al presunto responsable de dos atentados contra el padre de la vicepresidenta, Francia Márquez, y la caravana de la alta funcionaria.

«Ha sido capturado Pablo León Solís del EMC (Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC) del Cauca, responsable de atentar contra el padre de la vicepresidenta y contra la vicepresidenta de Colombia», informó este jueves el presidente Gustavo Petro.

El detenido, a quien se le buscaba por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio, fue capturado en una zona rural de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, en una operación conjunta de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Se trata de alias ‘Mauricio’, quien es supuestamente el cabecilla de las redes de apoyo de la estructura ‘Jaime Martínez’, del EMC que no está en las negociaciones de paz, afirmó el director de la Policía, el general William René Salamanca.

En la operación también fue aprehendido un menor de edad y se incautaron dos armas de fuego, según el director de la Policía.

‘Mauricio’ estaba señalado de ser el autor del ataque con disparos a uno de los vehículos de la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad el pasado mes de julio cuando la caravana vicepresidencial, en la que no viajaba Márquez, salía desde Suárez.

El ataque sucedió en este municipio del convulso departamento del Cauca (suroeste), del que Márquez es oriunda, que los últimos meses ha sido el escenario de numerosas acciones terroristas del EMC contra instalaciones militares y de Policía, que han dejado muertos y heridos.

El pasado 16 de junio, Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta, fue objeto de otro atentado cuando viajaba junto a un sobrino de seis años de la alta funcionaria entre las localidades de Timba, en el Cauca, y el caserío Robles, una zona rural de Jamundí.

Las autoridades también acusan al detenido de este otro atentado contra el padre de Márquez.

El Consejo de Estado se abstuvo este jueves de abrir incidente de desacato por el supuesto incumplimiento a la orden que se le impartió al presidente Gustavo Petro para que se retractara de unas afirmaciones que hizo contra el ciudadano Enrique Vargas Lleras, por irregularidades en el manejo de recursos de la salud que se habrían producido por parte de una EPS.

Para el Consejo de Estado, el escrito que presentó el mandatario para dar cumplimiento a ese fallo contiene su retractación expresa de las imputaciones que dieron origen a la demanda.

El Presidente, consideró el Consejo de Estado, admitió haberse referido al accionante, Enrique Vargas Lleras, por su participación en la junta directiva de la EPS y señaló que los hechos afirmados en la realidad solo son objeto de investigación.

Frente a la objeción de conciencia solicitado por el Presidente, el Consejo de Estado precisó que la tutela solo estaba encaminada a garantizar el derecho fundamental a la honra y buen nombre de un ciudadano; no a coartar la libertad de expresión del jefe del Estado, ni a impedir el cumplimiento de la obligación que tiene todo servidor púbico de denunciar ante las autoridades competentes irregularidades o ilícitos de los que tenga conocimiento.

En uno de los más grandes operativos contra el Clan del Golfo realizado en Antioquia en los últimos meses, que las autoridades adelantaron en tres municipios del Occidente y en Medellín, capturaron a nueve presuntos integrantes de este grupo criminal, incluyendo cuatro mujeres que eran conocidas como “las inspectoras” de esta organización criminal y a quienes se les señala de haberse convertido en el terror en varios municipios ejecutando multas y castigos por las razones más irrisorias.

El operativo se realizó en Heliconia, Armenia Mantequilla y Ebéjico, además de la capital antioqueña.

Allí fueron capturados nueve presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez, y entre estos figuran tres mujeres identificadas con los alias de ‘Victoria’, ‘Claudia’ y ‘Mila’.

Según señaló el director de la Policía, general William Salamanca, estas mujeres se habían adjudicado el rol de “inspectoras” en los municipios y recorrían barrios y calles imponiendo multas y hasta trabajos forzosos como limpiar potreros, arrear ganado y ejecutar todo tipo de trabajos manuales como castigo por cosas tan absurdas como un corte de cabello o un color de uñas que fueran en contravía con “el manual” de comportamiento impuesto por estos criminales, y que según las autoridades es uno de los mecanismos utilizados para ejercer control social entre la población.