El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar, en un plazo máximo de tres días, las afirmaciones que publicó en sus redes sociales sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de 2014, 2022 y 2026.
El presidente Gustavo Petro cuestionó el sistema electoral sin pruebas ni evidencia y de manera incorrecta, concluyó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le puso freno a sus señalamientos. Además de ordenar la rectificación, le exigió abstenerse de emitir acusaciones de fraude electoral sin sustento probatorio. Tampoco podrá hablar de fraude de cara a las elecciones presidenciales previstas para mayo y junio de 2026.
La corporación impuso medidas cautelares contra el mandatario, ordenándole rectificar públicamente sus afirmaciones sobre presuntos fraudes en procesos electorales.
El fallo, del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, le concede un plazo de tres días para aclarar, a través de la cuenta en la red social X, sus declaraciones sobre supuestas irregularidades en las elecciones de 2014, 2022 y las legislativas de marzo de 2026.
Además, le prohíbe emitir nuevos cuestionamientos sobre la confiabilidad de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral sin evidencia sólida.
El magistrado concluyó que las declaraciones del presidente carecen de una fundamentación “sólida y razonable” y afectan el derecho colectivo a la confianza en la organización electoral.
El fallo sostiene que el jefe de Estado difundió interpretaciones erradas de decisiones judiciales anteriores para sustentar señalamientos de fraude que no han sido acreditados ni técnica ni institucionalmente.
En ese contexto, el Tribunal le indicó que cualquier inquietud sobre el sistema electoral debe tramitarse a través de instancias oficiales como la Comisión de Coordinación y Seguimiento, y no mediante publicaciones en redes sociales.
La decisión también establece que el presidente deberá abstenerse de emitir nuevos señalamientos sobre presunto fraude de cara a las elecciones presidenciales previstas para mayo y junio de 2026, “salvo que cuente con evidencia empírica verificable”.