Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), enfrenta un nuevo lío judicial luego de que se conociera que presuntamente se posesionó en ese cargo con documentos falsos.
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La denuncia fue publicada por el periodista Daniel Coronell, quien reveló que para la fecha de su posesión, Pinilla estaba inhabilitado para desempeñar cargos públicos, luego de que se demostrara que se presentaron irregularidades cuando era alcalde de Sabana de Torres, en Santander. La inhabilidad empezó el 12 de abril de 2021 y terminaba el 11 de abril de 2026; sin embargo, logró posesionarse en 2023.
“Se posesionó con un certificado falso. En la carpeta biográfica de Sneyder Pinilla aparece un certificado del 29 de mayo de 2023, donde la Procuraduría General de la Nación asegura que no registra sanciones, no inhabilidades vigentes, firmado por Carlos Arturo Arboleda Montoya, jefe de la División de Relacionamiento con el Ciudadano”, explicó Coronell.
Pinilla ya devolvió los $618 millones de los que se apropió ilegalmente dentro del entramado de corrupción en Gestión del Riesgo. La información fue confirmada durante la audiencia en la que un juez estudia la viabilidad del preacuerdo firmado entre el exsubdirector y la Fiscalía.
Justamente, la información fue corroborada por el propio ente investigador, que presentó los comprobantes de las dos consignaciones que Pinilla realizó al Banco Agrario.
En ese contexto y teniendo en cuenta la información que ha entregado para desenredar el escándalo, la Fiscalía le otorgó un beneficio adicional al preacuerdo al que habían llegado inicialmente.
Eso quiere decir que, aunque inicialmente se pactó en la negociación que él debía cumplir una pena de seis años y seis meses de prisión, su pena fue rebajada a cinco años y 8 meses y 1 día de prisión. Se trata de un hecho que evaluará la juez durante la audiencia que precisamente se adelanta este miércoles.
Tanto Pinilla como el exdirector de esa entidad, Olmedo López, quien también firmó un preacuerdo, aceptaron su responsabilidad en la malversación de recursos públicos y se comprometieron a aportar información clave sobre los responsables y la estructura de la operación ilícita. Los demás implicados también llegaron a acuerdos con la Fiscalía.
