Se cumplen ya cuatro días de protestas de campesinos y mineros en cuatro departamentos del país, quienes salieron a las calles a pedirle al Gobierno Nacional ampliar la frontera agrícola en los páramos y la legalización de más de 33.000 pequeños y medianos operadores del sector.
Mientras se espera que el Gobierno comience las mesas de negociaciones, los impactos ya se empiezan a sentir. Los departamentos más afectados son Norte de Santander, Santander y Boyacá, donde los habitantes bloquean las principales carreteras por una resolución que restringe las actividades económicas en los páramos, pues aseguran que serán desterrados de Santurbán y El Almorzadero.
Por su parte, en Antioquia, Córdoba y Caldas hay cierres de vías por la demora en la formalización de los mineros y la destrucción de maquinaria amarilla que adelanta la fuerza pública en contra de la extracción ilícita de yacimientos.
En Córdoba, por ejemplo, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara aseguró que “alimentos empiezan a escasear y el comercio de bienes sufre traumas”. “Solicito al señor presidente iniciar lo antes posible una mesa de diálogo con los manifestantes para llegar a acuerdos y evitar consecuencias fatales para la economía regional”, dijo el mandatario local.
La situación en Santander también preocupa. Allí se reportan incrementos de más del 30% en los precios de alimentos básicos como la papa, cebolla, legumbres y frutas, debido a los bloqueos en las vías que impiden el tránsito de camiones hacia las plazas de mercado.
Entre tanto, en Boyacá reportan desabastecimiento de gasolina en 10 municipios: Santa Rosa, Sogamoso, Pesca, San Mateo, Gameza, Iza, Duitama, Tibasosa, Firavitoba y Belén.
En Antioquia, EPM ya advirtió que el servicio de gas natural por fuera del Valle de Aburrá se podría ver afectado. La empresa señaló que el energético podría no llegar a las poblaciones que se surten a través del ‘gasoducto virtual’.
