Los integrantes del Ejército también fueron inhabilitados por 15 años. Se determinó que hicieron uso innecesario y desproporcionado de sus armas de dotación.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años a cinco miembros del Ejército Nacional que participaron en la operación No. 26 Orión durante la cual murió un indígena en la vereda La Laguna del municipio de Corinto, en el Cauca.
La medida, en fallo de primera instancia, sancionó al sargento segundo, Carlos Alberto Álvarez Rodríguez, y el cabo segundo, Andrés Mancipe Valderrama; así como los soldados profesionales: Jhojan Arley Velásquez González, Yeison Mahecha Buitrago y Gustavo Enrique Molina Muñoz, del Batallón de Alta Montaña No. 8.
El ente de control demostró que los militares investigados hicieron “uso innecesario, desproporcionado e irracional de sus armas de dotación en contravía del deber de proteger al miembro de la comunidad indígena”.
Asimismo, se estableció que el arma con la que fue hallado el ciudadano atacado “nunca fue accionada y estaba en perfectas condiciones”.
“Los militares desconocieron los principios de distinción y protección general e incumplieron el objetivo de la orden de operaciones incurriendo “en una grave violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (…)”, refirió la Procuraduría.
