La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando, en 2023, revocó licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso.
“La conducta del ministro Leiva Durán, evidenció un actuar contrario a las reglas y principios que rigen los procesos de la selección contractual, determinándose a declarar desierta licitación pública de pasaportes cuando conoció que existía un oferente habilitado para la publicación, situación que generó un proceso y desgaste administrativo que como máximo jerarca de la cancillería públicamente desconoció las calidades del proponente calificado y puso en riesgo los derechos de los connacionales, contrario a sus deberes funcionales que le obligaban a desempeñarse como un gerente público que diera ejemplo de responsabilidad, eficiencia, eficacia en el cumplimiento de su gestión”, se lee en el fallo de sanción.
La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando, en 2023, revocó licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso.
“El ministro de Relaciones Exteriores, optó por declarar desierta la solicitación bajo el argumento que se trató de un proceso con un único oferente, lo cual carece de fundamento legal si se tiene que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe un veto para que se adjudique el contrato al único oferente en las licitaciones públicas. A su vez, el disciplinado tuvo la oportunidad de corregir ese error, que en su sentido impedía la selección objetiva del contratista. Sin embargo, esperó hasta el informe final de la evaluación para declarar desierta la solicitación”, añade el fallo.
En ese sentido, el órgano de control confirmó que Leyva Durán incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.
Esta decisión representa un duro golpe al presidente Gustavo Petro, pues Leyva Durán no solo es uno de sus colaboradores más cercanos y experimentados en política exterior, sino que, además, es el primer exfuncionario de su Gobierno en recibir una sanción de tal magnitud. La medida genera un precedente en la administración Petro, subrayando los desafíos y tensiones que enfrenta en el ámbito de transparencia y gestión pública.
