La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad general de Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por su participación en la aprobación de contratos con sobrecostos para la adquisición de carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.
López, exdirector de la UNGRD, fue sancionado con 18 años de inhabilidad, mientras que Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, recibió una sanción de 20 años.
La investigación determinó que los funcionarios autorizaron un pago de más de $16 mil millones, lo que representó un incremento del 54 % sobre los precios reales del mercado.
Según el fallo, López suscribió la ratificación de la orden de proveeduría elaborada por Pinilla y autorizó el desembolso al contratista, lo que generó un perjuicio al patrimonio público.
Por su parte, Pinilla omitió que las cotizaciones recibidas excedían los valores del mercado y avaló el pago sin atender los sobrecostos evidentes.
Además, la Procuraduría comprobó que Pinilla certificó la recepción de los carrotanques, a pesar de que no fueron utilizados para los fines previstos en la emergencia humanitaria declarada en el Decreto 2113 de 2022.
Según el ente de control, estos vehículos no cumplieron con su propósito de abastecer de agua a las comunidades afectadas en La Guajira, lo que acentuó el detrimento al patrimonio público.
A la lista de sancionados se suma Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la UNGRD, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años.
Su sanción se relaciona con la ratificación de órdenes de proveeduría que facilitaron los pagos al contratista, conducta calificada como una falta gravísima por negligencia en sus deberes.
Este caso se inscribe en una serie de investigaciones que han destapado irregularidades en la gestión de la UNGRD, incluyendo contratos que afectaron directamente la respuesta a emergencias en el país.
La Procuraduría señaló que las actuaciones de los sancionados contravinieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública, y calificó sus conductas como gravísimas, ejecutadas con dolo o culpa gravísima.
