Varios uniformados del CAI de Villaluz, occidente de Bogotá, llegaron la tarde del jueves, 9 de octubre, a las instalaciones de la Nueva EPS con una orden de arresto emanada de un juzgado de Yarumal, Antioquia.
Detalles del operativo quedaron registrados en una minuta -conocida en primicia por EL TIEMPO- en la que aseguran que iban por Gloria Libia Polanía Aguillón, quien tomó hace pocos días el control de la EPS tras ser designada por el gobierno Petro en reemplazo de Bernardo Camacho, quien solo duró 8 meses.
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Aunque la Nueva EPS no se ha pronunciado oficialmente sobre el operativo, EL TIEMPO estableció que la Policía Metropolitana de Bogotá informó que la diligencia fue atendida por César Franco, quien se identificó como gerente de la Unidad de Servicios Compartidos y por un abogado que se identificó como Andrés Felipe Castro Galvis.
Aunque, según el documento, la Policía iba por la nueva interventora, los dos funcionarios aseguraron que la persona por la que estaban preguntando «solicitó la renuncia, la cual fue aceptada por la entidad, quedando en su reemplazo el señor Aldemar Casadiego Jaime».
«Por ese motivo, se ha dificultado su localización», dice el reporte policial que le fue enviado a un juez de Yarumal (Antioquia) quien ordenó el arresto por un proceso en contra de la EPS (con más de 11, 5 millones de afiliados), por no acatar un fallo en favor de uno de sus pacientes.
En el informe se asegura: «Es de indicar que la señora Gloria Libia Polanía, representante legal de la Nueva EPS tiene aproximadamente más de 400 órdenes de arresto de diferentes despachos (juzgados), sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá ha adelantado todas las actividades con el fin de ejecutar la orden de arresto e informado a los juzgados de competencia».
«Estas tutelas son un tema de vida o muerte para muchos pacientes y en la EPS no las están acatando, violando la constitución u dejando en evidencia el deterioro de la entidad», explicó uno de los accionantes.
