*Ana María Vesga dijo que la medida buscaría redistribuir a los usuarios hacia otras EPS con capacidad de atención, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios de salud.
La ministra de Salud designada, Ana María Vesga, anunció que una de las alternativas que estudia el Gobierno para enfrentar la crisis del sistema de salud será reducir el número de afiliados de la Nueva EPS, considerada actualmente la entidad más crítica del país por su tamaño y su situación financiera.
La funcionaria explicó que la recuperación del sistema depende en gran medida de estabilizar a la aseguradora, que concentra más de 11 millones de usuarios y cuya situación financiera, aseguró, requiere una intervención profunda.
«Es una entidad que toca empezar a alivianar porque con 11 millones de colombianos y en esta situación es imposible que preste bien sus servicios», afirmó Vesga al referirse al futuro de la Nueva EPS.
La ministra precisó que «alivianar» significa reducir probablemente el número de afiliados, con el propósito de que la entidad pueda operar de manera más eficiente y garantizar una mejor atención a los usuarios.
La prioridad inmediata de la nueva administración, según confirmó la ministra, será la ejecución de un plan de choque que comenzará el 7 de agosto. El objetivo central es identificar, persona a persona, los focos críticos de represamiento en la atención.
«Necesitamos identificar cuáles son esos cuellos de botella, dónde están los medicamentos que no se están entregando y las citas que no se están otorgando. Si no sabemos el tamaño del problema, no sabemos cuántos recursos vamos a requerir», señaló Vesga.
Para la ministra, la erosión de la confianza entre los actores del sistema ha sido la causa raíz de la parálisis, por lo que su gestión buscará convocar a prestadores, industria y aseguradoras para estabilizar la red.
La funcionaria enfatizó que la entidad ha sufrido un deterioro constante debido a la falta de continuidad administrativa, acumulando seis interventores en cuatro años. «Es imposible que una entidad que no ha tenido continuidad en su gestión esté bien administrada», afirmó. El gobierno entrante revisará la situación financiera para determinar qué partes de la red son viables y cuáles requieren medidas de salvamento, asegurando que cualquier decisión estará centrada en proteger la atención de los pacientes.
La ministra desestimó que los ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) respondan a beneficios particulares, aclarando que se trata del financiamiento base del sistema. Sobre la polémica de los recursos, Vesga reconoció que el gobierno anterior dejó una subestimación en los cálculos para 2025 y 2026. Aunque el escenario fiscal es restringido, la administración busca inyectar recursos para saldar deudas con la industria farmacéutica y aliviar la red prestadora, trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el equipo del vicepresidente José Manuel Restrepo.
Otro punto de tensión es el destino de los 8 billones de pesos que, según el equipo de empalme, se habrían invertido en los Equipos Básicos de Salud durante el gobierno saliente. Vesga se mostró crítica ante la falta de indicadores de impacto: «No había trazabilidad. Lo primero que vamos a hacer es medirlos; si han funcionado en algunos territorios, qué bueno, pero debemos entender qué pasó con esos recursos, pues fueron un detrimento enorme para un sistema que estaba ahogado».
