Taponar importantes vías del país se volvió una constante para presionar al gobierno de Petro; además del transporte, sectores productivos como el agrícola encaran los perjuicios de una práctica recurrente en el país. ¿Se salió de las manos?
El bloqueo vial de los productores de cebolla el pasado miércoles en el centro de Bogotá, y el cierre por dos días de la Troncal de Occidente en el Carmen de Bolívar hace una semana parecen confirmar la tesis de que el cierre de calles y carreteras se está volviendo costumbre cuando ciertos grupos o sectores quieren obtener algo del Gobierno.
Aunque menos publicitados que el paro minero y campesino de octubre y la protesta de transportadores de comienzos de septiembre estas dos manifestaciones bien pueden agregarse al inventario de inmovilizaciones que contabiliza el país en los últimos 21 meses.
El fenómeno es de tal magnitud que la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) estableció un tablero de medición denominado “bloqueómetro”.
El contador de la agremiación precisa que entre enero de 2023 y septiembre de este año se han ejecutado 1.363 bloqueos, siendo los departamentos del Caribe los más afectados
En las cuentas de Colfecar las pérdidas, por estas vías de hecho por parte de las comunidades en las diferentes regiones colombianas, totalizan $6,1 billones. “En esta cifra solo se están contemplando los bloqueos en vías nacionales y no en las vías terciarias ni urbanas, por lo tanto la cifra es mucho más alta”, anotó el gremio transportador.
