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Justicia y Paz llevará casos contra Mancuso, según ratificó la Corte Constitucional

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La Corte Constitucional ha puesto fin a la disputa sobre la competencia en los procesos contra Salvatore Mancuso Gómez, determinando que la jurisdicción de Justicia y Paz continuará siendo la encargada de manejar los casos del exjefe paramilitar.

Esta decisión surge tras meses de enfrentamiento entre Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con ambas jurisdicciones reclamando autoridad sobre los casos relacionados con el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El conflicto fue elevado al alto tribunal cuando el Tribunal Superior de Bogotá remitió la disputa, luego de que la JEP también buscara asumir jurisdicción sobre Mancuso, quien fue aceptado como compareciente bajo la figura de “bisagra” entre los paramilitares y la fuerza pública.

Según dio a conocer el diario ‘El Espectador’, en una votación de 8-1, la Corte resolvió que Justicia y Paz, creada para acoger a los paramilitares en el proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe, es la instancia adecuada para llevar adelante estos casos.

La magistrada Diana Fajardo, encargada de estudiar el expediente desde marzo pasado, recibió el caso en medio de un clima de incertidumbre legal. Mientras tanto, Mancuso había recuperado su libertad el 10 de julio, después de que la jueza Luz Marina Zamora le otorgara la liberación condicionada a un pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá había pedido a Zamora que revisara su decisión, lo que generó un nuevo enfrentamiento entre las dos jurisdicciones.

Ahora bien, según informó el medio en cuestión, el único magistrado que votó en favor de la JEP fue Vladimir Fernández, quien argumentó que la jurisdicción especial debería tener competencia sobre Mancuso debido a su rol en la relación entre paramilitares y fuerzas del Estado.

No obstante, la mayoría de los magistrados consideró que Justicia y Paz tenía la autoridad necesaria, dado que fue creada específicamente para tratar los casos de desmovilización de paramilitares.

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