La fiscal general Luz Adriana Camargo cambió el fiscal del caso, respaldando el derecho al escrache y a la denuncia de violencias basadas en género.
Durante la última semana el caso de Lina Marcela Castillo volvió a ocupar los titulares de prensa, luego de que se desarrollaran audiencias de juicio en su contra por los delitos de injuria y calumnia cuya señalada víctima es Hollman Morris, gerente de RTVC – Sistema de Medios Públicos.
Castillo, hace ocho años, denunció a Morris por presunto acoso sexual y laboral, sin embargo, el sistema judicial la tiene a ella bajo acusación y al funcionario público en el banquillo de los denunciantes.
Ante la indignación que ha generado este caso en el gremio, especialmente en un grupo de centenares de mujeres periodistas que firmaron una carta exigiendo una nueva valoración del expediente, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, tomó cartas en el asunto este 23 de marzo: cambió el fiscal a cargo del juicio contra Castillo.
El expediente ya no estará bajo responsabilidad de la Fiscalía Seccional de Bogotá, la cual presentó escrito de acusación el 10 de marzo de 2023 contra Castillo, sino que será asumido por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Se le encomendó, desde ahora, abordar el proceso bajo la perspectiva de violencias basadas en género.
Según cursa en el expediente, el 28 de enero de 2019, Castillo denunció públicamente que el entonces concejal Hollman Morris la había acosado.
“Además de las típicas frases por ir en falda (…) me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas”, dijo en ese momento la activista de derechos humanos en varios medios de comunicación.
Morris respondió poniendo una denuncia en la Fiscalía contra Castillo, asegurando que las afirmaciones son difamatorias y que afectan su buen nombre. En respuesta, la Fiscalía, en marzo de 2023, llamó a juicio a Castillo.
En una reciente audiencia, su defensa solicitó la preclusión de la investigación, pues aseguró que ya se ha retractado y que, incluso, la camioneta de seguridad de Morris la atropelló en 2019.
De acuerdo con la fiscal general Camargo, en este expediente cabe reconocer que el origen de la actuación penal está en denuncias previas realizadas por la acusada respecto de presentas conductas de acoso sexual y laboral en su contra. Además, que el escrache ha sido reconocido por sentencias de la Corte Constitucional, como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
«La jurisprudencia también ha señalado que, en caso que el agresor denuncia a la víctima por injuria o calumnia, es deber de la Fiscalía evaluar dicha conducta con enfoque de género, para que esta no tenga un efecto ‘silenciador’ en las víctimas y evitar que se presuma el dolo de dañar el buen nombre o la honra del agresor, cuando la víctima actúo en ejercicio legítimo de un mecanismo de resistencia y autoprotección», explicó Camargo.
