La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ordenó frenar varias labores extractivas tras detectar posibles riesgos para microcuencas y afluentes que abastecen al río Fonce, en la provincia Comunera.
Las denuncias de comunidades de la provincia comunera sobre presuntas irregularidades en actividades extractivas terminaron en una intervención de la autoridad ambiental.
A través de un comunicado, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) informó que ordenó la suspensión inmediata de varias actividades mineras que se desarrollaban en la zona de influencia de la cuenca del río Fonce, una de las fuentes hídricas más importantes del sur del departamento.
La decisión fue adoptada luego de una visita de inspección, vigilancia y control realizada por profesionales de la entidad en sectores rurales de los municipios de Socorro, Cabrera y Palmar.
La actuación se produjo tras las denuncias elevadas por habitantes de la vereda Baraya y del sector El Hoyo, quienes venían alertando sobre el avance de labores de extracción de materiales de construcción en áreas cercanas a fuentes hídricas y ecosistemas de importancia ambiental.
De acuerdo con la información entregada por la CAS, durante la inspección técnica se verificaron varios frentes de explotación asociados al título minero DAO-151.
Sin embargo, la autoridad ambiental aseguró que algunas de estas actividades se estarían desarrollando por fuera de las áreas autorizadas tanto por la Agencia Nacional de Minería como por la propia corporación.
Para la entidad, la situación genera preocupación debido a que las intervenciones detectadas se encuentran en una zona de influencia de la cuenca del río Fonce, un sistema hídrico del que dependen comunidades rurales, actividades agrícolas y diversos ecosistemas de la provincia comunera.
Según explicó la corporación en el comunicado, el desarrollo de actividades extractivas en sectores no autorizados podría ocasionar afectaciones sobre microcuencas y afluentes que desembocan en el río Fonce, comprometiendo no solo el equilibrio ambiental del territorio, sino también el abastecimiento de agua y la productividad agrícola de la región.
Ante los hallazgos, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata de las actividades desarrolladas en las áreas cuestionadas e inició un proceso sancionatorio ambiental, con el propósito de establecer responsabilidades y determinar el alcance de los posibles impactos generados.
