La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Domino, ocupó 13 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de la organización ilegal denominada ‘Los Viajeros’, que entre 2010 y 2019 ingresó al país millonarios capitales mediante la modalidad de fraccionamiento o ‘Pitufeo’.
Se trata de 2 inmuebles rurales, 7 urbanos, 2 vehículos, 1 sociedad y 1 establecimiento de comercio ubicados en Medellín y San Jerónimo (Antioquia), y Palmira (Valle del Cauca) cuyo valor alcanza los 4.067’415.504 de pesos.
El trabajo coordinado entre la fiscalía, la Dijín de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad Interior de Francia evidenció cómo los integrantes de la estructura ilegal viajaban constantemente a Panamá y regresaban a Colombia con elevadas sumas de dinero en efectivo, sin que las mismas superaran los topes para tener que ser declaradas.
Una vez en Colombia los presuntos integrantes de la organización ilegal realizaban depósitos en efectivo a cuentas bancarias de quien sería la cabecilla de la red criminal, al igual que a las de una sociedad fachada dispuesta para dar apariencia de legalidad a dichos recursos.
Labores de policía judicial evidenciaron que las consignaciones eran realizadas en una misma sede bancaria o en sus sucursales durante varios días. La norma trazada por los cabecillas de la red ilegal determinaba que los depósitos no podían superar los 10 millones de pesos. Así eludían el diligenciamiento de formatos relacionados con la
declaración de operaciones, y de paso evitar explicar el origen de los recursos.
La fiscalía determinó que parte de las sumas que ingresaban al territorio nacional de manera irregular, eran usadas en la compra de bienes muebles e inmuebles, al igual que para la creación de empresas con lo cual se configuraría el blanqueo de capitales.
En desarrollo de las investigaciones respectivas, las autoridades capturaron en 2023 a cinco presuntos integrantes de esta organización, a quienes les fue imputado el delito de lavado de activos. Uno de los procesados tenía empresas en Londres.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
