Por estos hechos, la Fiscalía imputó al alcalde los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo.
La Fiscalía imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en la firma de dos contratos con un valor superior a los $78 millones para vincular a la persona que presentó la demanda de nulidad a la elección del mandatario y así persuadirla para que desistiera de sus pretensiones, en el caso fueron vinculadas dos exfuncionarias más.
De acuerdo con la investigación, inicialmente en febrero de 2024 se firmó un contrato por 19,8 millones de pesos que no se ejecutó. Posteriormente, a través de la empresa pública Ecovivienda, se suscribió un segundo contrato por 54,2 millones de pesos.
La Fiscalía estableció que los trámites comenzaron después de que se instaurara una demanda de nulidad contra la elección del mandatario y concluyeron con el retiro de la acción legal.
Por esta razón, el ente acusador imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta responsabilidad en anomalías detectadas en la celebración de ese contrato.
