Por petición de la Fiscalía General de la Nación, una magistrada del Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre una propiedad rural ubicada en Cimitarra (Santander), que presuntamente estuvo vinculada a actividades de estructuras paramilitares que delinquieron en el Magdalena Medio.
El inmueble, identificado como la finca Piedra Linda, está avaluado en más de 21.300 millones de pesos y tiene una extensión de 1154 hectáreas. Fue ocupado en diligencia realizada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales.
El predio habría sido utilizado para el entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en la región.
Las labores de policía judicial y los testimonios obtenidos dan cuenta de que, en el lugar, al parecer, permanecieron instructores extranjeros contratados por dichas organizaciones ilegales.
Aunque Piedra Linda figura registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados pusieron en evidencia la posible relación con personas involucradas en actividades
de narcotráfico y de conformación de estructuras armadas.
La Fiscalía pondrá la hacienda a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el propósito de que sea destinado a la generación de recursos en favor de las víctimas del conflicto armado
