La acusación describe un esquema de ocultamiento de facturas y la disposición de utilidades que suman 70.563 millones de pesos, con impacto en los estados financieros reportados a la autoridad de control.
Los cuatro exdirectivos vinculados a la investigación ocupaban posiciones clave dentro de la estructura de la Nueva EPS. José Fernando Cardona Uribe se desempeñó como presidente de la entidad, liderando la organización durante más de una década hasta comienzos de 2024. En el área financiera, Juan Carlos Isaza Correa ejerció como vicepresidente administrativo y financiero, encargado de la planeación contable y de los reportes ante los órganos de control.
En la gerencia contable se encontraba Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad y la consolidación de la información financiera de la EPS. Finalmente, Fabio Antonio Peralta Núñez ocupaba la gerencia de cuentas médicas, área que tenía a su cargo la recepción, registro y validación de las facturas presentadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) contratadas por la empresa.
La acusación incorpora, además, apartados de análisis contable y de gobierno corporativo. Allí se describe la relación entre las dependencias directivas y los sistemas de información usados para registrar la facturación y para consolidar los estados financieros que se presentaban ante la Supersalud.
