En Fundación, Magdalena, no cesa la polémica por el esquema de seguridad asignado a la personera municipal, María Camila Zambrano, quien cuenta con tres escoltas y un vehículo blindado, superando incluso la protección de la máxima autoridad local, como lo es la alcaldesa Luz Helena Andrade.
Aunque se le ha visto en algunos barrios, habitantes aseguran que “más es la parafernalia que monta en los sectores que poco ha hecho presencia, que las soluciones que brinda” a una población golpeada por históricos problemas.
Según relatan, la funcionaria suele hacer esperar a quienes acuden a su despacho, mantiene un estricto protocolo de ingreso y no habilita una línea telefónica pública para recibir quejas, ya que manifiesta con ahínco que su teléfono es privado.
El descontento aumenta porque, como Agente del Ministerio Público, dispone de presupuesto suficiente para arrendar una sede independiente y habilitar un espacio más cercano y funcional.
En cambio, el acceso a su oficina que se ubica dentro de las instalaciones de la Alcaldía es descrito como tedioso y limitado, pues los ciudadanos deben primero explicar su situación a uno de sus escoltas, para luego esperar largas horas por un turno restringido.
Paradójicamente, lo que más destacan los habitantes no es la gestión de la personera, sino la labor de Flor Pérez, funcionaria con más de 20 años en la Personería, reconocida por su experiencia y capacidad de resolver los problemas que allí llegan.
“Ella es la que realmente atiende, pero depende de lo que la jefa decida”, señalan.
A esto se suma el silencio frente a las empresas de servicios públicos que afectan a diario a los fundanenses, pues no se conoce que la personera haya requerido a la empresa Aqualia, responsable del suministro de agua, acueducto y alcantarillado, pese a las múltiples quejas de usuarios por la deficiencia del servicio y el incremento mensual de las tarifas. Tampoco ha emitido informe alguno sobre el alumbrado público, ni sobre la empresa de energía.
Este medio tuvo acceso a información según la cual requirieron formalmente a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional para que expliquen por qué la personera cuenta con ese exceso de protección y quién asume el pago de dichos servicios.
En conclusión, a la personera María Camila Zambrano se le cuestiona por el exceso de seguridad, su actitud distante, la falta de empatía y la ausencia de acciones concretas en los temas que más afectan a la ciudadanía, mientras la comunidad sigue reclamando atención real a sus necesidades.
