El gobierno de los Estados Unidos, bajo la titularidad del presidente Joe Biden, mantuvo la certificación a Colombia en materia de lucha antidrogas. Esto a pesar del fuerte crecimiento de los cultivos ilícitos en varias zonas del país.
Se trata de cumplimiento por parte de Washington de una ley del Congreso de ese país que data de hace dos décadas y que le exige al mandatario establecer cuáles países colaboran plenamente con el país norteamericano en la lucha contra las drogas.
En esta ocasión, los Estados Unidos rajaron en esta materia a Bolivia, Burma y Venezuela: «Designo a Bolivia, Burma y Venezuela por no haber cumplido de manera demostrable durante los 12 meses anteriores con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos».
No obstante, Biden determinó una medida de excepción para evitar las sanciones contra estos países en un ánimo de fortalecer la colaboración en este sentido con los mismos.
Además, el presidente estadounidense se mostró alarmado por el crecimiento de los cultivos y la producción de coca en Suramérica: «En América del Sur, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, lo que exige medidas urgentes por parte de los países de la región. Colombia, un socio fuerte, continúa trabajando estrechamente con Estados Unidos para reducir la producción de cocaína, llevar a cabo operaciones de interdicción del contrabando de drogas y desmantelar las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de cocaína».
Al respecto, indicó que se han incrementado las incautaciones de cocaína un 10 por ciento más que el año anterior, es decir más de 841 toneladas métricas de cocaína pura y base de cocaína.
Bien definió en este punto, frente a las nuevas métricas acordadas en mayo pasado, que amplían la visión de solo contabilizar la cantidad de hectáreas cultivadas y la producción potencial de la droga, que se trata de “un enfoque holístico para abordar la producción y el tráfico de cocaína, al tiempo que brindamos seguridad, justicia y oportunidades económicas lícitas para las personas vulnerables de Colombia”.
