El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro presuntos integrantes de una red criminal dedicada asaltar mujeres en Medellín. Los detalles conocidos en desarrollo de la investigación, permitieron que el ente acusador imputara a los procesados los delitos de hurto, concierto para delinquir y secuestro extorsivo, todas las
conductas agravadas, y tortura.
Los investigados son Miguel Ángel Botero Mosquera, María Paula Sierra Alba, William Samuel Suárez Rubiano y David Alonso García Restrepo, quienes entre el 17 de diciembre de 2023 y el pasado 1 de abril habrían secuestrado a ocho mujeres en los barrios El Poblado, Suramericana, Laureles, El Rodeo, Belén y Robledo de la capital antioqueña.
La investigación adelantada con enfoque diferencial con perspectiva de género, adelantada por un fiscal destacado ante el Gaula Medellín, evidenció que las víctimas eran contactadas a través de redes sociales para que prestaran a domicilio, servicios como masajistas o damas de compañía.
La Fiscalía estableció que cuando las mujeres llegaban a los inmuebles eran desnudadas, amarradas y golpeadas, y de esa manera forzadas a entregar las claves de sus teléfonos celulares y de las aplicaciones bancarias.
Labores de policía judicial evidenciaron que una de las víctimas fue quemada con una plancha en sus genitales y en sus ojos por no recordar la información que le exigieron, luego habrían rociado alcohol sobre sus heridas. Otras mujeres fueron quemadas con parafina en la espalda y les hacían creer que se trataba de ácido; en otros casos les habrían cortado el cabello con cuchillos y les habrían causado lesiones en los senos con arma blanca.
Las denuncias conocidas por la Fiscalía demuestran que los agresores apagaban las luces de los inmuebles en donde se cometían los hechos y subían el volumen de los equipos de sonido para evitar que se escucharán los gritos de las agredidas.
Información en poder de la Fiscalía demuestra que en los ocho eventos investigados, los procesados se habrían apropiado de más de 80 millones de pesos, representados en dinero en efectivo, joyas y las pertenencias personales.
Ninguno de los cuatro procesados se allanó a los cargos imputados.
