La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputará a 12 militares del Batallón La Popa los delitos de persecución contra pueblos indígenas y tortura, adicionales a los de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por esa unidad entre 2002 y 2005 en la región del Caribe, informó este lunes el alto tribunal.
La decisión la tomó la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP que «confirmó la connivencia (disimulo o tolerancia) y complicidad entre miembros del Batallón La Popa y estructuras paramilitares, e imputó dos nuevos delitos: persecución contra pueblos indígenas y tortura».
La JEP explicó en un comunicado que algunas de las víctimas eran integrantes de los pueblos wiwa y kankuamo, así como de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla y otras eran campesinas y otras en situación de vulnerabilidad o de discapacidad.
Para la Sección de Reconocimiento de Verdad algunos de los comparecientes de la Fuerza Pública también son responsables de los crímenes internacionales de tortura y de persecución.
Esto porque «la magistratura verificó respecto del delito de tortura que en algunos de los asesinatos se causó intencionalmente dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales».
También se configuró el delito de persecución, porque algunos de los asesinatos reconocidos por los comparecientes se cometieron con motivaciones étnicas, es decir, por pertenencia de las víctimas a los pueblos indígenas.
«Este crimen se enmarca en un contexto donde ciertos comparecientes ejercieron medidas de control social, como restricciones alimentarias, limitaciones arbitrarias de horarios y restricciones de tránsito y circulación para la población», puntualizó la información de la JEP.
Más adelante, la JEP convocará y realizará la audiencia pública para verificar el cumplimiento de las condiciones de contribución a la verdad y las formas de reparación de los imputados, y finalmente emitirá la sentencia a que haya lugar.
Entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, integrantes del Batallón La Popa fueron responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas en los departamentos del Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena, según las investigaciones de la JEP, tribunal surgido a raíz del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas FARC.
